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México

AMLO anuncia firma de convenios de inversión en Pemex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes la firma de contratos de inversión en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) por 80% de la inversión prevista este año.

“Estamos en la firma de convenios, de contratos. Ya les adelanto que se llevan ya firmados contratos de inversión en Pemex del orden de 80% de toda la inversión de este año”, dijo el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Indicó que el próximo lunes se dará información detallada del avance en el programa de rescate del sector energético, pero anticipó que “se está trabajando muy bien en Pemex”.

El presidente no precisó si los convenios de inversión firmados son los que la reguladora Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó esta semana para la explotación de los campos terrestres Cárdenas-Mora y Ogarrio con la egipcia Cheiron y la alemana DEA Deutsche Erdoel por más de 1,440 millones de dólares.

El pasado 15 de febrero, el Gobierno de México anunció una serie de medidas extraordinarias de apoyo a Pemex que, sumadas al ahorro esperado por el combate al robo de combustible, representan un beneficio previsto de 107,000 millones de pesos (5,555 millones de dólares) este año.

Las medidas consisten en la capitalización de la empresa contemplada en el presupuesto, una liquidación adelantada de pagarés de apoyo a la petrolera para la mejora de su pasivo laboral y el incremento del monto del incentivo fiscal para Pemex.

Unos días después, la agencia calificadora Moody’s consideró que las medidas son negativas para la calificación crediticia del país.

“El anuncio es negativo para México. No solo el alivio fiscal adicional para Pemex afectará los ingresos del Gobierno, sino que, en general, si la confianza del mercado no mejora, Pemex requerirá un respaldo soberano adicional en 2020 y más allá erosionando las finanzas del Gobierno”, apuntó la agencia.

Y el pasado 4 de marzo, Standard & Poor’s cambió de estable a negativa la perspectiva para Pemex, tras una acción similar sobre la nota soberana de México.

La firma explicó que esto se debe a “las mayores asignaciones presupuestales para Pemex en 2019 y las recientes declaraciones públicas del Gobierno federal asegurando que la empresa cumplirá de manera puntual con todas sus obligaciones financieras”.

Asimismo, consideró que el plan financiero para restaurar los fundamentos crediticios de la petrolera “es insuficiente respecto de las necesidades multianuales de inversión de capital”.

Con todo, la empresa reportó el pasado 27 de febrero una pérdida neta en 2018 de 7,551 millones de dólares, lo que representó una disminución de 47.1% frente al resultado negativo de 14,270 millones de dólares de 2017.

Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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