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México

AMLO busca prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos

Al argumentar que los vapeadores y cigarrillos electrónicos involucran una red de corrupción, López Obrador informó que presentará una reforma constitucional para prohibirlos.

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó este viernes que presentará una reforma constitucional para prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos al argumentar que afectan a la salud e involucran una red de corrupción.

“Así como lo del consumo de drogas químicas como el fentanilo, así también vamos a pedir la prohibición de los vapeadores y también otras cosas que no quiero adelantar ahora, pero sí se va a plantear porque es un criterio mercantilista y corrupto”, dijo en su rueda de prensa diaria.

Desde octubre de 2021, el Gobierno mexicano ha implementado políticas para reducir la comercialización de estos productos para «preservar el derecho humano a la salud».

Primero, con la emisión de un decreto firmado por el presidente López Obrador para prohibir la importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier sistema electrónico de administración de nicotina.

Después, el 31 de mayo de 2022, el mandatario mexicano emitió un nuevo decreto para prohibir su circulación y comercialización en el territorio nacional.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó, por mayoría de criterios, esta disposición porque vulneraba la libertad de comercio, mientras que algunos ministros argumentaron que también violaba el libre desarrollo de la personalidad.

En este sentido, el presidente López Obrador dijo que, si bien ahora no es constitucional su prohibición, debe haber límites, pues “no puede permitirse libremente un producto que hace daño, que destruye la salud de las personas”.

El mandatario citó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó de que estos dispositivos electrónicos pueden contener hasta 25 sustancias no declaradas y que son nocivas para la salud.

Entre ellas, enunció el dimetil éter, una sustancia altamente inflamable, o el linalol, usado como insecticida contra moscas y cucarachas.

“Además, no se puede permitir algo que oculte de qué están hechos los productos, qué sustancias tienen, que es lo que pasa con los vapeadores”, afirmó López Obrador.

Por ello, además de la prohibición de estos dispositivos en su próximo paquete de reformas constitucionales, analiza otros mecanismos legales para reducir su consumo, como un etiquetado que alerte al consumidor sobre lo nocivo de su consumo, como ocurre con los cigarrillos de tabaco.

“El Estado cumple con una responsabilidad social, lo que no se puede es quedarnos callados o decir: no pasa nada», afirmó. «No podemos ser cómplices o encubridores”, concluyó.

Momentos antes, el presidente mexicano también anunció que presentará una reforma a la Constitución para prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo “y otros asuntos relacionados”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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