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AMLO defiende decisión de no firmar la declaración del Grupo Lima contra Maduro

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este sábado la decisión de México de no firmar la reciente declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela, al considerar que la situación del país caribeño es un «asunto interno» y porque no busca «pleitos».

«Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos», dijo.

Cuestionado por los medios antes de abordar un avión en Ciudad Juárez, López Obrador recordó que su país se rige bajo los principios de «no intervención y autodeterminación de los pueblos» y criticó a anteriores administraciones por no atender a esta máxima.

«En algunos momentos, tiempos, se han alejado los gobiernos de esta política, pero nosotros no lo vamos a hacer», remarcó.

Agregó que su ejecutivo será «respetuoso de todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo».

«No queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros, optamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo», agregó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que apoyó la decisión que «tomaron los diplomáticos mexicanos en este encuentro, de no firmar esa carta».

El gobierno de México decidió este viernes no firmar la última declaración del Grupo de Lima, en el que los países miembros acordaron no reconocer la «legitimidad» de un nuevo Gobierno de Nicolás Maduro y lo instaron a no efectuar la asunción del mando el próximo jueves.

Poco después de su triunfo electoral, el pasado 1 de julio, el equipo de López Obrador anunció que el país regresaría a la política de no intervención y solución pacífica de controversias, enmarcado dentro de la llamada Doctrina Estrada, que implementada en 1930 era contraria al intervencionismo.

Fuente: Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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