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AMLO detalla 10 “fundamentos” para invalidar la elección

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El candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obradorpresentó este martes 10 “fundamentos” por los cuales considera que la elección presidencial de 2012 debe ser invalidada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como primeros puntos, indicó que no hubo imparcialidad en los medios de comunicación y afirmó que las encuestas “falsificaron la realidad” para hacer propaganda a favor de Enrique Peña Nieto.

“El último día de campaña (27 de junio), Milenio dio como nota principal la información de que Peña Nieto nos aventajaba con 18.4 por ciento, tres veces más que el resultado oficial”, expuso.

Además, enlistó la entrega de 7 tipos de tarjetas Soriana y el reparto de tarjetasMonex, para promover el voto a favor del PRI.

El decálogo de pruebas presentado ayer por López Obrador está conformado por los siguientes puntos:

1-      Actitud tendenciosa de los medios de comunicación. “No hubo equidad en radio y televisión”, según estudio de la UNAM.

2-      Manejo y difusión de encuestas para hacer propaganda a favor de Enrique Peña Nieto.

3-      Gasto excesivo de propaganda y movilización de los actos de campaña de EPN. Se gastaron 4 mil 500 millones de pesos.

4-      Uso de tarjetas Soriana para la compra del voto. “Se entregaron 7 tipos distintos de tarjetas”.

5-      Distribución de monederos electrónicos Monex.

6-      Compra y distribución de 5 millones de tarjetas telefónicas que entregó el PRI; agregó que los bancos Santander y Bancomer también distribuyeron tarjetas a operadores priistas.

7-      Utilización de la estructura de gobiernos priistas a favor de EPN; destacó el caso de Zacatecas

8-      Manejo de cuentas del gobierno del Estado de México por Luis Videgaray, quien se desempeñó como coordinador general de la campaña de EPN.

9-      Testimonios de compra de voto en todo el país.

10-    Se realizaron actividades para el Tráfico de la pobreza. “Jugaron con la necesidad de la gente”, sostuvo López Obrador.

 

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Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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