El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que prevé emitir un decreto antes del 20 de noviembre para instar a las empresas de trenes de carga que operan en el país a que ofrezcan también el servicio de pasajeros.
El primer mandatario tiene como uno de los ejes de su política de transportes el desarrollo de líneas ferroviarias para pasajeros y uno de los proyectos estrella de su gestión es el Tren Maya.
Va a entregarse a ellos la posibilidad de que se comprometan a tener trenes de pasajeros», dijo AMLO este miércoles en su conferenca mañanera.
Si las compañías, entre las que están la unidad de transportes de Grupo México y Canadian Pacific Kansas City, no acceden a dar el servicio, lo haría el Estado, agregó López Obrador.
El presidente recordó que dichas concesiones las entregó el expresidente Ernesto Zedillo, y proyecta que los más de 20,000 kilómetros de vías férreas concesionadas se utilizarán para crear líneas de trenes de pasajeros en todo el país.
Aclaró que para lograr este objetivo no se expropiará ninguna concesión y dijo que se convocará a las empresas que actualmente tienen las licencias para que presenten proyectos de trenes de pasajeros, que corran en las mismas vías donde ya circulan trenes de carga.
En caso de que el Estado asumiera la prestación, afirmó que hacerlo no significaría «una expropiación». «Está en la Constitución y en la ley, es nada más hacer uso del derecho que tenemos que se utilice toda esta infraestructura en beneficio del pueblo de México», dijo.
Los más de 20,000 kilómetros de vías férreas podrían abrirse para trasladar a personas particulares en una red que abarcaría el sudeste, el centro y el norte del país, y que incluiría paradas en la Ciudad de México, detalló el gobernante desde Palacio Nacional.
López Obrador informó que el Gobierno ha enviado cartas a las compañías ferroviarias de carga que tienen concesiones para ofrecerles una opción preferente en el proyecto y explicó que espera tener una respuesta para enero del próximo año. En función de ella, tomaría una decisión.
Abrió también la puerta a invitar a otras empresas si las actuales concesionarias rechazan intervenir en el plan, el primer mandatario ha tenido este año diferencias con la unidad de transportes del conglomerado Grupo México, de Germán Larrea.
En mayo, efectivos de la Marina tomaron un trecho ferroviario de unos 128 kilómetros controlado por Grupo México Transportes en el estado de Veracruz, aunque las partes llegaron luego a un acuerdo económico.
En septiembre, la empresa suspendió temporalmente la operación de decenas de trenes de carga, señalando accidentes y muertes de migrantes que se suben a los vagones en su intento de llegar más rápido a la frontera con Estados Unidos, una medida que AMLO calificó de «inusual».
Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.
De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.
Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.
El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.
Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.
La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.
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