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AMLO insiste en realizar la revocación de mandato en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ante las críticas de la oposición a su gobierno realizar la revocación de mandato el mismo día de las elecciones intermedias de junio de 2021, el cual será el proceso electoral más grande la historia de México

“¿Qué les ofrezco a los conservadores para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida?, les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el (20)22, que la hagamos aprovechando ahora que van a ser las elecciones, el mismo día, una tarjeta adicional”, planteó el mandatario federal durante su conferencia matutina de este martes.

López Obrador aseguró que, si la oposición así lo decide, este miércoles enviaría la iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional para que durante la elección del 2021 los ciudadanos además de elegir diputados federales, gobernadores, puedan determinar si él continuará como presidente.

El mandatario federal señaló que esa modificación a la Constitución podría lograrse en la actual legislatura del Congreso de la Unión porque su partido y aliados, cuentan con mayoría legislativa.

“Esto ayudaría a que se aminorara el ansia, de que en este tiempo bajara el enojo, no el malestar social”, comentó el mandatario.

La revocación de mandato fue aprobada por el Congreso de la Unión y 17 legislaturas locales para llevarse a cabo el 2022 tras una reforma a los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la Constitución federal, a fin de que sean los ciudadanos quienes decidan, por la vía legal, si un presidente, gobernador o un alcalde pueden continuar o no en el cargo luego de la mitad del periodo para el que fueron electos.

De acuerdo con lo aprobado, sería a partir de noviembre de 2021 cuando los mexicanos pudieran iniciar el proceso para someter a votación la continuidad de López Obrador como presidente de la República, para lo que deberían presentar su solicitud ante el INE respaldada por al menos el 3% de la lista nominal de 17 entidades del país.

Uno de los opositores al gobierno actual, el expresidente Felipe Calderón aseguró que luego de que su partido México Libre le quite a Morena la mayoría en el Congreso de la Unión en las elecciones intermedias de 2021, buscará participar en la revocación del mandato.

Fuente: Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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