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México

AMLO manda iniciativa para sancionar corrupción y nepotismo de jueces

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, las cuales incluyen sanciones a los jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo o corrupción; estas van desde amonestación privada, suspensión o destitución de su empleo y sanción económica.

El documento registrado en la Gaceta del Senado también incluye modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Federal de Defensoría Pública, a la Ley de Amparo y al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Se menciona que en caso de que la autoridad determine la inhabilitación, esta será de uno hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede los 17 mil 920 pesos (valor de 200 unidades de medida y actualización [UMA]) y de 10 a 20 años si el monto es mayor a esta cantidad.

Si la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genera beneficios económicos, se le impondrá una sanción económica que alcanzará hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, y enfatiza que en ningún de los casos, la sanción que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios obtenidos.

Menciona que si la falta administrativa grave provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, el servidor público deberá reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que hayan obtenido un beneficios, serán “solidariamente” responsables.

También sanciona con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

La propuesta del presidente incluye sanciones a personas y empresas que se hubiera beneficiados con los actos de corrupción de integrantes del Poder Judicial. Para las empresas establece sanciones que podrán alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, e inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de tres meses a 10 años.

Se especifica que el objetivo de la propuesta es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfoque a sus funciones constitucionales, pues “es menester que ya no conozca de controversias o trámites que involucren una mera cuestión de legalidad”.

Fuente: Forbes

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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