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AMLO quiere quitar concesión de 100 años de puerto de Veracruz

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El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con eliminar la concesión-extendida por un siglo- a la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, una empresa desconcentrada de su propio gobierno, cuyos directivos son designados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, son funcionarios públicos.

Las 16 APIs federales sustentan el Sistema Portuario Nacional, el cual está organizado en dos sistemas por litoral: Océano Pacífico y Golfo de México-Caribe.

Es la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria-del gobierno federal-quien coordina el sistema a través del cual los “negocios se promueven” en los puertos federales y son dirigidos y controlados por sus accionistas, consejos de administración, esto según la propia página de la Coordinación General de Puertos y Marítima Mercante.

La API Veracruz, la cual el presidente se pronunció por eliminar la concesión, forma parte del litoral Golfo de México-Caribe junto a los puertos, también de administración gubernamental, de Dos Bocas, Progreso, Tampico, Tuxpan, Altamira y Coatzacoalcos.

Además, la API Veracruz cuenta con una estructura que depende de otras secretarías, por ejemplo, el Órgano Interno de Control de la administración portuaria responde a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La API Veracruz recibe, como las otras 15 administraciones, presupuesto a través de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La propia Ley de Puertos indica que la administración de terminales, instalaciones y puertos de influencia preponderadamente estatal, podrán ser concesionadas a “una sociedad mercantil constituida por el gobierno federal o estatal”.

Fuente: Excelsior

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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