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México

AMLO responde a denuncia del PAN contra su hijo por presunta corrupción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este viernes a la denuncia de hechos que el PAN realizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra su hijo por presunta corrupción y tráfico de influencias.

“Ya un partido presenta una denuncia a la Fiscalía, adelante, obvio no hay nada ilegal, nada absolutamente. Pero es el escándalo, es tirarlo, porque no pueden de otra manera, y ahí están medios, periodistas, intelectuales al servicio del antiguo régimen, todos, y adelante con eso”, dijo durante su conferencia matutina.

Ayer, Acción Nacional presentó una denuncia de hechos ante la FGR y la Fiscalía Anticorrupción por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, en la cual se señala a José Ramón López Beltrán, quien vivió en una casa en Houston, Texas, propiedad de un exdirectivo de Baker Hughes, empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Pedimos que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston, que fueron exhibidas por los medios de comunicación y que se investigue todo lo relacionado a los contratos de las empresas proveedoras de Pemex“, exigió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

Al respecto, el mandatario aseguró que él y su movimiento siempre han “salido de la calumnia ilesos”.

El líder panista acusó que las casas en Houston de José Ramón López Beltrán “desmantelan el discurso de austeridad y honestidad” que promueve el presidente López Obrador.

Previo a entregar la denuncia de hechos insistió que, de acuerdo con la información publicaron Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción, en este hecho hubo tráfico de influencias, lo cual constituye un delito.

“El conflicto de interés y el tráfico de influencias del hijo del presidente López Obrador es evidente. Después de recibir un contrato de Pemex, la empresa agraciada le presta una mansión (…) exigimos una investigación puntual, exhaustiva y con resultados creíbles, no queremos un manto protector ni de impunidad como en otros casos”, expresó.

Baker Huges, empresa energética transnacional, reconoció que la casa en Houston, Texas, en la que vivieron López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams Solano, perteneció a un exempleado de la firma.

La compañía afirmó que “el inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes y aseveró que “no estuvo involucrada en la supuesta transacción”.

El jueves pasado, en el programa de Loret Capítulo 69, Latinus y MCCI revelaron que según registros de la propiedad del condado texano de Montgomery, en 2019 y 2020 el hijo del presidente y su esposa vivieron en una casa que pertenecía a Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes.

La investigación muestra que la compañía petrolera tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex y que además, hoy vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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