El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes que su hijo menor, Jesús Ernesto, padeció recientemente de COVID-19, convivió con él, y por haberse vacunado no se contagió, afirmó.
“Yo me vacune con la AstraZeneca y puedo ir, nada más que ahorita por mi agenda no puedo… pero si me invitaran yo estoy seguro que no tendría ningún problema.
Voy a dar un dato, se contagio Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte , y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca.
No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto pero bueno, todo sea para ayudar a quitar miedos, temores y que ayude, pues también a quitar todos estos obstáculos porque se trata de vacunas que estan demostrando su efectividad”, señaló el mandatario mexicano.
López Obrador reveló lo anterior debido a que le preguntaron durante su conferencia de esta mañana, sobre las restricciones que algunos países han hecho para entrar a su territorio, según la vacuna; y también sobre la apertura de la frontera con Estados Unidos.
“Nos necesitamos mutuamente, no se puede tener cerrada mucho tiempo la frontera, porque existe una vinculación economía-comercial que es estratégica para México y EEUU, son cadenas productivas, entonces no se puede mantener cerrada la frontera.
Lo mismo en el caso del comercio, esta demostrado el que mantener cerrada la frontera más tiempo va a afectar centros comerciales sobre todo en Texas, de modo que yo estoy seguro que se va abrir por completo la frontera
Acerca del tipo de vacunas, aunque nosotros estamos aplicando en la frontera la vacuna Johnson & Johnson y Pfizer, de todas maneras para los que se hayan aplicado otras vacunas, también vamos a hacer gestiones en EEUU, y creo que vamos a ser escuchados; porque son vacunas que han sido analizadas y demostraron su eficacia”, subrayó el presidente.
México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión y entrega de agua en la cuenca del río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extrema que ha presionado a comunidades, productores agrícolas y ecosistemas a ambos lados de la frontera.
El entendimiento es resultado de meses de negociaciones técnicas y políticas, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del tratado, al tiempo que se protege el derecho humano al agua y a la alimentación. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua, confirmaron el compromiso de México para realizar entregas mínimas anuales conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos establecidos en el acuerdo binacional.
Como parte del nuevo esquema, México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el próximo ciclo de cinco años. Este volumen permitirá avanzar en el cumplimiento del tratado mientras se implementa un plan para saldar la deuda acumulada del periodo quinquenal anterior y evitar nuevos déficits hídricos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo fue construido en coordinación con los gobernadores de los estados del norte del país, con el fin de diseñar un esquema de afectación mínima que permita cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto interno. Entre las entidades involucradas se encuentran Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, regiones que dependen en gran medida del río Bravo para el consumo humano y las actividades productivas.
El plan técnico acordado contempla una gestión más ordenada del recurso, reuniones mensuales de seguimiento y acciones de planeación de largo plazo que incluyen infraestructura, adaptación al cambio climático y una distribución más previsible del agua. Autoridades mexicanas subrayaron que el Tratado de 1944 continúa siendo un instrumento clave para salvaguardar los intereses nacionales y la estabilidad agrícola.
Desde Estados Unidos, funcionarios señalaron que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica del sur de Texas y beneficia a agricultores y ganaderos del Valle del Bajo Río Grande, en una región afectada por la caída histórica de los niveles del río, la sobreexplotación y la contaminación del afluente.