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México

AMLO se niega a solicitud de los LeBarón de clasificar a narcos mexicanos como terroristas

Miembros de la familia LeBarón están solicitando a la Casa Blanca que clasifique a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas.

El presidente López Obrador y el canciller Ebrard respondieron a esa iniciativa.

Este fin de semana, en el apartado de peticiones ciudadanas que se suben al sitio de internet de la Casa Blanca, apareció la hecha por Bryan LeBarón para que el gobierno de Donald Trump declare a los cárteles mexicanos como “terroristas.

En el texto, asegura que estas agrupaciones “buscan poder político para crear un narcoestado en México” y que, para su combate, dice, “no podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas para combatir el crimen organizado”.

Dicha petición cuenta con 30 días para reunir 100 mil firmas afín de recibir una respuesta oficial.

Hasta esta noche, la petición aparece solo con una firma registrada.

Por la mañana, el Gobierno Mexicano respondió:

“No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. No somos vende patria, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero”, subrayó López Obrador.

Para el canciller Ebrard, al clasificar como terroristas a los grupos criminales, el gobierno estadounidense invocaría una legislación que les permite intervenir directamente en los países en donde operan esas organizaciones.

“¿Porque digo que es inconveniente e innecesario? porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa de Estados Unidos en nuestro territorio, eso nunca lo vamos a aceptar. ¿Porque es innecesario? Porque se tiene un trabajo muy cercano y de cooperación muy estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad”, comentó el canciller Marcelo Ebrard.

Por la tarde, Julián LeBarón sostuvo la importancia de esta petición para su familia.

“Es una propuesta, a nosotros no nos queda ninguna duda, que eso es terrorismo. Si a alguien no le gusta esto, que propongan una alternativa. Las instituciones de justicia están colapsadas y los funcionarios parecen zombies, siguen cobrando y nuestras esposas tienen que enfrentar a grupos armados que les disparan y quemándolos. No puede ser que tengamos tanto miedo de decir que son terroristas”, comentó Julián LeBarón.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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