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México

AMLO se va con el récord de número de homicidios dolosos en México

La estrategia de seguridad “abrazos y no balazos” no dio los resultados esperados. El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concluirá con casi 200,000 homicidios dolosos, un promedio de 92 mexicanos asesinados por día, lo que lo convierte en el sexenio más violento de toda la historia de México.

Tras dos sexenios de iniciada la llamada guerra contra el narcotráfico, que entre 2006 y 2018 había dejado más de 270,000 homicidios dolosos, el Ejecutivo federal ofreció atender personalmente la seguridad, combatir las causas de la violencia y crear una nueva institución para recuperar la paz.

Los números no estuvieron de su lado. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre el 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2024, en México 196,505personas fueron víctimas de homicidio. Si a ese delito se suman los 5,227 feminicidios, la cifra llega a las 201,772 muertes violentas.

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El dato no es el final, pues aún falta que se sumen los homicidios y feminicidios de septiembre.

Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), considera que son varios los motivos por los que éste será el sexenio más violento de la historia de México.

“Cerramos el sexenio con el mayor número de víctimas de homicidio doloso de la historia moderna de México, hay varias razones alrededor de eso. Primero el fracaso al no haber podido crear realmente una Guardia Nacional civil y profesional, lo que vimos es que fue una corporación que se siguió poblando de militares, por otro lado, vimos una Fiscalía General de la República ausente y un abandono por completo de la procuración de justicia”, plantea.

Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., (Insyde), considera que la estrategia falló porque no estuvo bases científicas. Un ejemplo de ello fue que el despliegue de militares no se realizó basado en evidencia ni de forma estratégica.

Reuniones diarias sin resultados

“Todos los días, a partir del lunes próximo, desde las 6 de la mañana encabezaré en el Palacio Nacional, la reunión del Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos”, anunció la tarde del 1 de diciembre tras tomar posesión como presidente.

Y lo hizo. Durante alrededor de 1,400 días encabezó en Palacio Nacional o en alguna sede en los estados una reunión con los titulares de Seguridad, Defensa Nacional, Marina y Gobernación para recibir el reporte diario de homicidios, detenciones y enfrentamientos para decidir si se enviaba elementos de las Fuerzas Armadas o qué otras medidas debía tomar.

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De principio a fin de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una reunión matutina con su gabinete para abordar la violencia en México. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Aunque el presidente resalta que atendió de manera personal la inseguridad del país, los expertos consultados sostienen que las reuniones diarias del gabinete no tuvieron un gran impacto en la reducción de la violencia, sobre todo porque en esos encuentros se tomaron más decisiones de reacción que de prevención, entre ellas enviar más elementos de seguridad a estados que enfrentaban olas de violencia.

“Las reuniones del gabinete de seguridad fungieron fundamentalmente para ordenar el despliegue de militares y de fuerza federal, pero no así para dar cumplimiento a ese marco legal que ya se tenía, que preveía que en seis años se crearía la institucionalidad que se necesitaba para que los estados y los municipios tuvieran capacidad y para que la federación fuera un auxiliar efectivo”, dice Sánchez al recordar que durante este Gobierno se olvidó el fortalecimiento de las policías locales.

La violencia se extendió

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia por ser el más inseguro, pero también en el cual la violencia se acentuó y extendió. Estados que estaban ajenos a la espiral de violencia hoy sufren de disputas entre organizaciones e incremento en delitos como extorsión, desplazamientos, robos, homicidios.

Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco fueron las entidades donde más homicidios ocurrieron en este sexenio. De acuerdo con cifras oficiales, casi 4 de cada 10 delitos ocurrieron en esas entidades.

Mientras tanto, entidades que se habían mantenido ajenas a la violencia en este gobierno registraron repuntes en homicidios, disputas entre organizaciones criminales, desplazamientos forzados, incremento en extorsiones, entre ellos, están Tabasco, Zacatecas, Chiapas.

Para Lisa Sánchez, el acentuamiento de la violencia y que nuevas entidades se vieran afectadas por la inseguridad, es muestra de que este gobierno dejó en el abandono a algunos estados y en otros, la situación se les fue de las manos.

“Chiapas siempre ha tenido condiciones de violencia estructural, pero se les fue de las manos, Zacatecas fue otro, también Sonora fue otro estado donde la violencia creció mucho durante este sexenio mientras se reducía en el estado de Sinaloa. Veracruz es un estado que dio un deterioro muy importante en su seguridad. Guanajuato lo siguieron dejando que se consolidara como la entidad más violenta”, dice.

La violencia no inició con el Gobierno de López Obrador, pero sí fue en su administración dónde México marcó un nuevo récord en homicidios dolosos. Ahora las expectativas están puestas en que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, quien ha prometido una importante disminución en la incidencia, aunque ella, no ha querido hablar de cifras.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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