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Opinión

AMLO y el poder eclesiástico. Por Laura Puente

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Según datos del INEGI, en 2021 el 77.7% de los mexicanos se identificaron con el catolicismo, lo que convierte a México en uno de los cinco países del mundo con mayor número de personas católicas.

Estamos a 12 días de celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. El pasado 12 de diciembre de 2022, los peregrinos rompieron récord en visita a la Basílica de Guadalupe, se contó con la asistencia de 12.5 millones de creyentes.

Dadas estas cifras y a sabiendas de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador conoce que su electorado es en mayoría religioso, sorprende que su relación con el poder eclesiástico no sea tan buena.

A principios de este mes, en reunión con la Conferencia del Episcopado de México (CEM), se observó que López Obrador no fue bien recibido por los obispos, quienes mostraron una postura un tanto indiferente y molesta con el inquilino de Palacio Nacional.

Esta fue la segunda reunión que sostuvo el mandatario con la Iglesia. La primera fue a inicios de su sexenio en 2018, después no tuvo otro acercamiento.

No se sabe cuándo fue el primer roce del político con la institución religiosa, posiblemente desde que se negaron a entregar la famosa cartilla moral en los templos católicos; o con la incoherente solicitud a la iglesia católica de pedir perdón por los crímenes cometidos en la Conquista; o cuando los asesinatos a sacerdotes en el territorio nacional se incrementaron y el Presidente respondió de forma indiferente.

O bien cuando supuso que dos sacerdotes asesinados dentro de las instalaciones de un templo en la Sierra de Chihuahua, estarían involucrados con el crimen organizado, tampoco se olvida cuando padres oficiaban las misas y hacían un llamado a los asistentes a defender las instituciones de los ataques del poder, esto en el marco de las reformas al INE y sus ataques a la SCJN; o tal vez sea solamente que el apesar de ser acusado de hacer santería y rituales, es el cristianismo la religión que profesa.

El Presidente ha sido inteligente pues su distancia es con la iglesia, pero no con sus creyentes. La discreción a lo largo de estos cinco años por parte de la iglesia y la buena forma de manejarlo de AMLO, no ha representado mayor molestia o interrogante con los sectores que forman el electorado religioso que tiene, por decir uno, los adultos mayores.

Cerca de terminar el sexenio y con las próximas elecciones en puerta, López Obrador no puede confiarse y que su lejanía represente una amenaza para su candidata, pues se sabe que su contrincante, Xóchitl Gálvez, y uno de los partidos que la respaldan, Acción Nacional, sí mantienen una estrecha relación con la iglesia y ese 77.7%, representa poco más de 97 millones de mexicanos.

Veremos en los próximos meses qué estrategias implementa el Presidente para no descuidar la relación y exhibir la lejanía, y que dicho apoyo sea para la candidata del FAM. Todo indica que ya inició un plan y ahora desea limar asperezas y mantener una buena relación, pues como primera acción fue el Titular del Ejecutivo quien pidió asistir a la última reunión con el CEM, es decir, a la que no fue invitado por los obispos;  ya veremos qué más sigue en fechas tan representativas.

POR LAURA PUENTE

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@LAURAPUENTEEN

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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