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México

AMLO y Hacienda reducirán por decreto la carga fiscal de Pemex

El gobierno federal reducirá la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de un decreto por el que se le reducirá a la petrolera el pago de Derechos de Utilidad Compartida (DUC) de hasta 400,000 barriles de crudo diarios, anunció este lunes el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

«Durante mucho tiempo ordeñamos a la vaquita», dijo el funcionario en el anuncio de refinanciamiento de deuda de la Pemex por casi 8,000 millones de dólares (mdd) .

“Hoy se va a firmar un decreto que va a permitir a Pemex tener reducciones en su carga tributaria, beneficios fiscales que se van a establecer en este decreto”, dijo Urzúa. Aclaró que Pemex seguirá pagando impuestos como cualquier otra compañía en el país, lo que se irá reduciendo es el pago de derechos extra que hace la petrolera al gobierno federal.

“Hay varias maneras, la de Pemex es un poquito raro pero aguántenme tantito”, dijo el funcionario antes de explicar los detalles del decreto.

Pemex tiene dos tipos de contratos: las asignaciones y los “normales”. Las asignaciones son los que solo tiene Pemex y los “normales” son aquellos que tienen otras compañías solas o aquellos que comparte con la petrolera nacional, dijo Urzúa.

Los “normales” pagan un derecho de extracción. En los de “asignaciones” hay “un extra” que pues las utilidades son de Pemex pero también tiene que compartirlas con el gobierno federal.

“Hay un extra, el DUC o Derecho de Utilidad Compartida el gobierno le dice (a Pemex) tienes utilidades, son tuyas y mías, tú me vas a tener que dar una cierta cantidad”, dijo Urzúa.

Es en ese pago de derechos donde se buscará la reducción. Urzúa dijo que este mecanismo de reducción del pago del DUC ya se ha hecho antes con un monto inicial de barriles de petróleo, lo que ahora se anuncia en el decreto será la ampliación de esa cantidad de barriles por los que no se pagará el DUC.

Fuente: Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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