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Amnistía Internacional pide a presidente de España que pare la venta de armas a México

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Amnistía Internacional (AI) pidió este martes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que detenga la venta de armas pequeñas y ligeras a México, esto en el marco de la visita a México para reunirse con Andrés Manuel López Obrador.

No autorice exportaciones de armas pequeñas y ligeras a México, ante las continuas violaciones de derechos humanos, que no son investigadas adecuadamente», señaló la organización en un comunicado.

De acuerdo con AI, España exportó 176 millones de armas entre 2013 y 2018 con un valor de 513 millones de euros, unos 586 millones de dólares.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estará en México los próximos 30 y 31 de enero; por la próxima visita oficial, AI pidió que el Ejecutivo español se posicione en temas claves de derechos humanos en México.

Le remitió a Sánchez una lista con las principales preocupaciones que afectan al país, como la violencia machista en México, donde «no hay protocolos de actuación coordinados entre las distintas Administraciones».

También informó a Sánchez que la situación de los defensores de los derechos humanos y el medioambiente «es muy preocupante e incluso muchas son asesinadas por el trabajo que realizan».
Las desapariciones forzadas suman 35 mil 410 personas y «las autoridades no han realizado una búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas, no han llevado a cabo investigaciones inmediatas, ni han presentado ante la justicia a la mayoría de los responsables».

AI también advirtió sobre la creación de la Guardia Nacional, que de acuerdo a las posturas de los defensores de los derechos humanos, perpetúa el modelo de seguridad aplicado hasta ahora y está «lejos de reducir la violencia y la delincuencia del país”.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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