La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, acusó al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega de dirigir una represión «brutal» en el último año, y lo instó a cesar la violación a los derechos de justicia, verdad y reparación.
En vísperas del primer aniversario de la violenta represión ejercida por el gobierno de Nicaragua contra las protestas por las reformas de la seguridad social del 18 de abril de 2018, Guevara Rosas demandó al gobierno de Ortega para que finalice «de inmediato su estrategia de represión» contra el pueblo.
Durante el último año, el gobierno del presidente Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su administración», apuntó la representante de AI para las Américas en un comunicado del organismo.
Aseveró que las autoridades nicaragüenses «siguen violando los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de cientos de víctimas, al tiempo que impiden a las organizaciones de la sociedad civil y a los observadores internacionales de los derechos humanos trabajar libremente en el país. Esto tiene que cesar”.
Dijo que el gobierno de Nicaragua «debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos y todas los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».
AI «seguirá apoyando a todas las personas que luchan pacíficamente por sus derechos», pese al «hostigamiento y la intimidación constantes que sufren por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos parapoliciales».
Guevara Rosas se refirió al tema en vísperas del primer aniversario de las protestas, que se extendieron por varios meses en toda Nicaragua, y que dejaron al menos 325 personas muertas, más de dos mil heridas, centenares detenidas y decenas de miles obligadas a huir a Costa Rica.
Amnistía Internacional recordó que con otras organizaciones internacionales, han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos armados progubernamentales y la Policía Nacional de Nicaragua.
Excelsior
