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Amonestan a magistrados por no investigar presuntas actividades proselitistas de Nuño

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concedieron la razón al PAN, en el sentido de que se debe de investigar al secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño Mayer, para determinar si su visita al estado de Aguascalientes, realizó o no actividades proselitistas en favor del PRI durante el pasado proceso comicial.

De hecho los integrantes de la Sala Superior de la máxima instancia de justicia electoral del país, amonestaron de manera pública, a los integrantes de la Sala Electoral de la entidad, luego de que quedó comprobado de que no cumplimentaron el principio de exhaustividad en la denuncia presentada en contra de Aurelio Nuño Mayer.

Al respecto, Gerardo Rafael Suárez González, secretario de Estudio y Cuenta, que dio lectura a la ponencia del magistrado, Manuel González Oropeza, que ante su ausencia la hizo propia el magistrado Presidente, Constancio Carrasco Daza.

“El proyecto propone declarar fundados los agravios hechos valer por la actora, relativos a la indebida fundamentación y motivación, así como a la falta de exhaustividad y congruencia, pues, de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable se limitó a declarar la inexistencia de la infracción denunciada y estimar que de los elementos probatorios que obran en el expediente del juicio natural, no se acreditaba su existencia sin valorar las demás pruebas. Por tanto al estar acreditado que no se valoraron todas las pruebas, ni el contexto que acontecieron los hechos materia de la denuncia se propone que la Sala responsable debe emitir una resolución en la que, en plenitud de jurisdicción valore las cuestiones precisadas y determine si existe o no la infracción”.

Los magistrados de la Sala Superior coincidieron con los argumentos esgrimidos por el PAN en el sentido de que se debió de llevar a cabo una investigación para determinar si la visita al estado de Aguascalientes del secretario de Educación Pública constituyó o no actividad proselitista en favor del Revolucionario Institucional.

Ante esta actitud de los magistrados de la Sala del Tribunal del estado de Aguascalientes, se determinó imponer una amonestación pública y ordenaron llevar a cabo la investigación correspondiente.

“Así mismo atendiendo las circunstancias del caso y ante la conducta reiterada de la responsable de no analizar las constancias de autos, de conformidad con la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se propone imponer una amonestación a los magistrados integrantes de la Sala Administrativa y Electoral del estado de Aguascalientes, por incumplir su deber de respetar el principio de legalidad y por no actuar en términos de Código Electoral de la citada entidad federativa”.

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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