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Analizan diputados creación de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión

Dentro del trabajo que realizan los Diputados de las Comisiones Unidas Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizó una reunión con Jesús Chávez Sáenz, Director de Asuntos Penales y Amparos de la Fiscalía General del Estado.
El motivo de la presencia del funcionario, fue para analizar la posible creación y el impacto de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ante lo cual dio a conocer que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto para la creación de una Fiscalía Especial en Derechos Humanos, dentro de la cual existiría un área especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Además dio a conocer que se trata de un plan integral de una fiscalía de investigación a violaciones de derechos humanos, realizado por expertos colombianos y mexicanos en el tema, documento que está en espera para ser presentado al Congreso del Estado, y que de aprobarse, sería la primera en el País en abarcar delitos como tortura, desaparición forzada de personas, discriminación, los cometidos en contra de derecho humanistas y periodistas o comunicadores, cuando estén relacionados con la función o actividad que desempeñan.
La Diputada Presidenta de las Comisiones Unidas Crystal Tovar, comentó que estas propuestas serán llevadas a los foros que iniciarán a partir del 26 de mayo, y en los viernes subsecuentes, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, los cuales contarán con la presencia de periodistas y defensores de derechos humanos, para tener una perspectiva amplia de lo que sucede en la Entidad y poder tomar la mejor decisión.
Para culminar, los diputados agradecieron al funcionario la rapidez con la atendió la solicitud para trabajar de manera conjunta y revisar este tema que es de suma importancia para Chihuahua.
Cabe mencionar que el pasado 5 de abril, fue presentada una iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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