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México

Analizan redes de telefonía para dar con normalistas de Ayotzinapa

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa realizó 10 operativos de búsqueda en cinco municipios de Guerrero para localizar a los 43 normalistas, durante 65 jornadas de trabajo, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas precisó que desde la creación de dicha Comisión, en enero pasado, la búsqueda se concentró en Cocula, Huitzuco, Iguala, Mezcala y Tepecacuilco, además de que se han revisado 211 puntos.

Asimismo, se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se nombró a Omar Gómez Trejo como Titular de la Unidad.

El titular del organismo de la Secretaría de Gobernación agregó que también se han integrado todas las carpetas de investigación del caso, y se unificaron los registros de búsquedas y fosas que se encuentran en las Fiscalías de la región.

Encinas Rodríguez comentó que, como parte de las investigaciones para localizar a los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, luego de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, también se analizaron las redes de telefonía.

Asimismo, las transacciones de las antenas telefónicas que cubren el territorio de interés, y se han realizado reuniones de trabajo, acopio de testimonios e información, así como labores de búsqueda con actores relevantes para el caso.

A principios de diciembre, tras su toma de posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó, frente a los padres y familias de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el decreto que permite crear la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre este caso.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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