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Chihuahua

Analizan reformas a la Ley para la Prevención y Erradicación de la Tortura en Chihuahua.

Diputados integrantes de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, encabezados por la Diputada Mayra Chávez Jiménez, se reunieron el día de ayer con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, para analizar la reforma a diversos artículos de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Tortura en la Entidad. el evento tuvo lugar en la Sala Benito Juárez del edificio legislativo.

Diputados integrantes de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, encabezados por la Diputada Mayra Chávez Jiménez, se reunieron el día de ayer con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, para analizar la reforma a diversos artículos de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Tortura en la Entidad. el evento tuvo lugar en la Sala Benito Juárez del edificio legislativo.

 

Al respecto, la legisladora comentó que dicha reunión permitió conocer la visión derecho humanista en la materia, ya que es esta la que comúnmente recibe las quejas de todas las personas que pueden sentirse agraviadas con este delito.

 

Por otro lado, informó que más adelante se realizarán otras reuniones con personas e instancias conocedores de la materia, a efecto de entregar un documento que realmente responda a las necesidades de la sociedad.

 

Finalmente, Chávez Jiménez aseguró que aun no está definida una fecha para la presentación de un dictamen, toda vez que a la propuesta, se le están haciendo diversas modificaciones con la intención de ofrecer un mejor ordenamiento.

 

En la reunión estuvieron presentes los diputados Eloy García Tarín, Fernando Rodríguez Giner, Rosemberg Loera Chaparro y Rogelio Loya Luna.

diputados del pri

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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