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México

Anaya denuncia persecución del Cisen

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, denunció este martes que es víctima recurrente de persecución política y exigió al Gobierno federal una explicación e investigar los hechos.

“¿Qué justifica los actos de espionaje contra políticos de oposición?”, cuestionó el panista y narró en su cuenta de Twitter, la escena.

“Durante los últimos días me han estado siguiendo. Hoy es un Tiida. Hace unos días, un Jeep (YHA-86-08). Uno de los conductores confesó ser del CISEN. En lugar de perseguir delincuentes, espían opositores. Por eso estamos como estamos. Le exijo al Gobierno una explicación”.

Ante ello, Anaya Cortés pidió al Gobierno federal que los órganos de inteligencia del Estado mexicano se utilicen para perseguir a los delincuentes, no para espiar a los adversarios políticos.

A través de un video subido a sus redes sociales, el panista mostró imágenes de lo que, dijo, ocurre diariamente.

En el video se da cuenta del nombre y rostro del hombre que, a bordo de un Jeep, placas YHA8608, lo siguió el pasado 11 de febrero, cuando se dirigía a la Ciudad de México desde Coatzacoalcos, y quien se identificó como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

“Este es sólo un ejemplo que ilustra una práctica cotidiana de espionaje”, señaló.

“Pedimos, primero, que el Gobierno declare si dicho vehículo pertenece o no al Gobierno federal; segundo, si la persona que lo conducía trabaja o no para el CISEN; y, tercero, que nos informe cuáles son los criterios para espiar a los políticos de la oposición”, precisó.

Anaya agregó que otro ejemplo es el del pasado jueves 8 de febrero, cuando fue seguido por un vehículo Tiida, placas NEU6979.

Este martes, la situación se volvió a presentar. El precandidato señaló que un vehículo Tiida, placas MXJ7679, estuvo esperándolo afuera de su casa y en cuanto salió comenzó a seguirlo. El conductor se negó a identificarse.

Anaya Cortés compartió fotografías de conductores que lo han seguido sin identificarse.

En un comunicado, explicó que de acuerdo con la normatividad vigente, el Cisen es un órgano cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el Estado de derecho.

Por ello, “es preocupante que este Gobierno federal priista siga destinando recursos humanos, económicos y materiales a vigilar a sus opositores. A quien deben perseguir es a quienes le han quitado a México la tranquilidad y las oportunidades de un futuro mejor. No olvidemos que 2017 fue el año con más homicidios de la historia reciente de México”, apuntó.

Resaltó que “los ciudadanos quieren paz y tranquilidad. Las instituciones del Estado mexicano, incluyendo los órganos de inteligencia, deben preocuparse por la seguridad de todos, en vez de espiar a quienes actúan dentro de la ley”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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