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Anaya dispuesto a debatir ‘cara a cara’ con López Obrador

Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, dijo este martes que está dispuesto a ir a un debate con Andrés Manuel López Obrador, luego de que los sondeos, como el que publicó El Financiero, lo dan como ganador del encuentro del domingo.

“Por supuesto, que eventualmente sería conveniente un debate en donde pudiéramos participar él y yo, cara a cara, de frente al país, en donde quede claro qué es lo que representan cada una de las candidaturas y que, de esa manera, la gente pueda tomar una decisión informada el 1 de julio”, señaló.

En su conferencia, el candidato presidencial condenó el asesinato de tres jóvenes estudiantes en Jalisco, por lo que exigió a las autoridades investigar a fondo estos homicidios para que los homicidas terminen en la cárcel.

Al respecto, propuso un cambio de estrategia en el combate a la seguridad, “ante la dramática situación que estamos viviendo”.

Indicó que este caso “es una llamada de atención, una sacudida para entender que lo que se está haciendo no funciona, que tenemos que cambiar la estrategia y que tenemos que redoblar el esfuerzo para recuperar la paz y la equidad en el país” .

En ese sentido resaltó que uno de los temas del encuentro fue seguridad y violencia “un tema que es de la máxima preocupación de los ciudadanos”.

Insistió que desde 2014 se ha disparado la violencia en en 29 de las 32 entidades por lo que sostuvo que «la estrategia en materia de seguridad no ha funcionado».

En ese tenor, propuso cambiar la estrategia en dos ejes: por un lado la prevención, atender las causas más profundas del problema y por el otro lado enfrentar el problema de la violencia pero a partir de una nueva estrategia.

Esta nueva estrategia tiene a su vez siete acciones: garantizar una Fiscalía General, autónoma e independiente; desmantelar, no solamente descabezar, a las organizaciones criminales; duplicar el tamaño de la Policía Federal y profesionalizar y certificar a todas las policías del país.

Asimismo apoyarse en el Ejército y la Marina, hasta que haya policías confiables, bien pagadas, profesionales y que estén de lado de la gente; crear la Secretaría Ciudadana e impulsar una política de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, para frenar la llegada de armas a México.

Más tarde, Anaya participó en el Tercer Foro Nacional de Lechería donde se comprometió a dar mayores apoyos al campo y a los productores de leche en el país.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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