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Anaya nombra a Fernández de Cevallos su representante ante el Frente Ciudadano por México

El abogado Diego Fernández de Cevallos ya trabaja para el proyecto presidencial del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quien lo designó su representante ante el Frente Ciudadano por México (FCM), la alianza con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Fernández de Cevallos, candidato presidencial del PAN en 1994, es amigo del principal consejero político de Anaya, Santiago Creel Miranda, ambos enemigos políticos de Felipe Calderón, cuya esposa, Margarita Zavala, también aspira a la candidatura presidencial.

Amigo de los priistas Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, acusado de tráfico de influencias y corrupción, inclusive por panistas, Fernández de Cevallos tiene meses como asesor de Anaya, pero no había asumido una representación personal o partidaria hasta ahora ante el Frente.

El exdiputado y exsenador ha defendido a Anaya de los señalamientos de supuesta corrupción del diario El Universal y de la derrota en el Estado de México que le reclamó Zavala, quien apenas ayer exigió al líder panista que el candidato presidencial del FCM sea producto de una elección abierta.

Al mismo tiempo que encabeza el PAN, Anaya ha ido estructurando su equipo para su proyecto de ser candidato presidencial del FCM, ahora con la incorporación de Fernández de Cevallos, y antes con la contratación del consultor Roberto Trad Hasbun como uno de sus estrategas de campaña.

Trad Hasbun, socio director de la consultoría El Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica, se sumó al equipo de Anaya, pese a que en la elección de Coahuila, impugnada por el PAN, fue el consultor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Torreón y es allegado a Alejandra Sota, vocera de Calderón en la Presidencia y asesora de los priistas Eruviel Ávila, Rubén Moreira y Alfredo del Mazo.

En el equipo de Anaya participan también los encuestadores Jorge Buendía y Carlo Varela, quienes elaboran los estudios demoscópicos del PAN, entre ellos los que permitieron la designación de Josefina Vázquez Mota como candidata a gobernadora del Estado de México, la cual se derrumbó al cuarto lugar.

El equipo de campaña de Anaya lo integran operadores de toda su confianza, como Damián Zepeda y Édgar Mohar, secretario general y tesorero del CEN panista.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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