El gobernador Javier Corral anunció una serie de medidas para enfrentar la emergencia por el COVID-19, que incluye la suspensión de todos los eventos deportivos, recreativos, sociales, culturales, privados y públicos, sin importar el aforo.
El mandatario señaló que se cerrarán cines, teatros, museos, bares, centros nocturnos, parques turísticos, parques recreativos, balnearios, gimnasios, salones de eventos, centros comerciales (excepto los que provean alimentos y enseres de la vida diaria), así como spas, baños de vapor, zoológicos, casinos y restaurantes.
En mensaje a las y los chihuahuenses, el titular del ejecutivo dijo que se deberán suspender también actividades en centros de culto, iglesias, salones de culto y/o espiritualidad, o cualquier centro de reunión de naturaleza similar.
“Mantendremos la operación del Gobierno Estatal sólo en sus actividades esenciales y únicamente con la presencia del personal indispensable”, expresó.
Javier Corral destacó que el Gobierno del Estado está preparado para la emergencia, tanto con el personal capacitado, como con el equipamiento adecuado para atender a los ciudadanos que lo requieran, ya sea en los sistemas de salud pública estatal y federal, así como en los hospitales privados.
El Gobernador llamó a todas y todos a ser desprendidos, generosos, serios y respetuosos ante los momentos difíciles que se van a vivir.
También exhortó a todos los chihuahuenses a ser solidarios y tener presentes a aquellos que menos tienen y más necesitan, aquellos que pasan más dificultades para hacer sus compras.
“El Gobierno del Estado hará todo el esfuerzo para protegerlos, pero debe haber un respeto al consumo de cada ciudadano, evitando las compras de pánico, para no dejar sin oportunidad a esas familias y que haya productos en forma permanente”, indicó.
Destacó que primero y ante todo estará la salud como prioridad de Gobierno del Estado, sin embargo, adelantó que se está trabajando con los sectores social y privado para configurar un plan de acción conjunto y en su momento enfrentar los impactos de esta crisis.
“Particularmente –indicó– para ayudar a las personas que más lo necesitan, a las que viven al día y para proteger a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a proteger el ingreso familiar, porque la pobreza y la vulnerabilidad social también causa dolor, sufrimiento y cobra vidas”.
También llamó a las y los chihuahuenses a evitar el pánico que a nada lleva, a prepararse y a estar listos y listos para disminuir al mínimo los efectos de la pandemia.
Señaló que vienen tiempos difíciles que cambiarán nuestra vida en más de un sentido, pero dijo estar seguro de que al final “vamos a salir adelante, y la experiencia amarga nos hará sacar lo mejor de nuestras vidas como legado moral y social para las futuras generaciones”.
“Son momentos de solidaridad, y hoy más que nunca hay que recordar que la solidaridad es el rostro social del amor. Mantengámonos Unidos con Valor”, agregó el Gobernador.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.
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