El gobernador Javier Corral anunció una serie de medidas para enfrentar la emergencia por el COVID-19, que incluye la suspensión de todos los eventos deportivos, recreativos, sociales, culturales, privados y públicos, sin importar el aforo.
El mandatario señaló que se cerrarán cines, teatros, museos, bares, centros nocturnos, parques turísticos, parques recreativos, balnearios, gimnasios, salones de eventos, centros comerciales (excepto los que provean alimentos y enseres de la vida diaria), así como spas, baños de vapor, zoológicos, casinos y restaurantes.
En mensaje a las y los chihuahuenses, el titular del ejecutivo dijo que se deberán suspender también actividades en centros de culto, iglesias, salones de culto y/o espiritualidad, o cualquier centro de reunión de naturaleza similar.
“Mantendremos la operación del Gobierno Estatal sólo en sus actividades esenciales y únicamente con la presencia del personal indispensable”, expresó.
Javier Corral destacó que el Gobierno del Estado está preparado para la emergencia, tanto con el personal capacitado, como con el equipamiento adecuado para atender a los ciudadanos que lo requieran, ya sea en los sistemas de salud pública estatal y federal, así como en los hospitales privados.
El Gobernador llamó a todas y todos a ser desprendidos, generosos, serios y respetuosos ante los momentos difíciles que se van a vivir.
También exhortó a todos los chihuahuenses a ser solidarios y tener presentes a aquellos que menos tienen y más necesitan, aquellos que pasan más dificultades para hacer sus compras.
“El Gobierno del Estado hará todo el esfuerzo para protegerlos, pero debe haber un respeto al consumo de cada ciudadano, evitando las compras de pánico, para no dejar sin oportunidad a esas familias y que haya productos en forma permanente”, indicó.
Destacó que primero y ante todo estará la salud como prioridad de Gobierno del Estado, sin embargo, adelantó que se está trabajando con los sectores social y privado para configurar un plan de acción conjunto y en su momento enfrentar los impactos de esta crisis.
“Particularmente –indicó– para ayudar a las personas que más lo necesitan, a las que viven al día y para proteger a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a proteger el ingreso familiar, porque la pobreza y la vulnerabilidad social también causa dolor, sufrimiento y cobra vidas”.
También llamó a las y los chihuahuenses a evitar el pánico que a nada lleva, a prepararse y a estar listos y listos para disminuir al mínimo los efectos de la pandemia.
Señaló que vienen tiempos difíciles que cambiarán nuestra vida en más de un sentido, pero dijo estar seguro de que al final “vamos a salir adelante, y la experiencia amarga nos hará sacar lo mejor de nuestras vidas como legado moral y social para las futuras generaciones”.
“Son momentos de solidaridad, y hoy más que nunca hay que recordar que la solidaridad es el rostro social del amor. Mantengámonos Unidos con Valor”, agregó el Gobernador.
El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta persecución política, de acuerdo con un comunicado difundido por el conglomerado empresarial.
La acción se formalizó durante una reunión celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington D.C., entre Salinas Pliego y Pedro Vaca, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En ese encuentro, el empresario expuso una serie de señalamientos que, según el documento, configuran una estrategia coordinada de presión desde distintas instancias del Estado.
La denuncia sostiene que existe una persecución fiscal, judicial y administrativa orientada a restringir la libertad de expresión y la participación del empresario en el debate público, lo que, afirma el comunicado, constituiría una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Durante la conversación, Salinas Pliego explicó lo que considera herramientas de represalia empleadas por el Estado, entre ellas la criminalización de la crítica. Grupo Salinas señaló que ha documentado un uso presunto de medios de comunicación y vocerías oficiales para afectar la reputación del empresario y de sus empresas, con el objetivo de silenciar la disidencia.
Otra de las prácticas señaladas fue el hostigamiento administrativo. El grupo empresarial afirmó que sus compañías han sido sometidas a auditorías excesivas por parte del aparato institucional del Estado, las cuales, aseguró, se duplicaron durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en comparación con periodos anteriores.
El comunicado también hizo referencia a lo que calificó como captura del Poder Judicial. En ese contexto, se mencionó la existencia de un documento que advierte que la reciente reforma judicial en México ha erosionado la independencia de los tribunales, lo que, según el planteamiento presentado, deja a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a posibles abusos del Ejecutivo.
En materia fiscal, Salinas Pliego señaló un uso político del aparato recaudatorio. Afirmó que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, ha enfrentado negativas y un trato discriminatorio, lo que, a su juicio, revela un fin coercitivo y no recaudatorio.
Grupo Salinas consideró que el caso trasciende lo personal y lo definió como una advertencia sobre una crisis institucional en México. En el cierre del comunicado, se informó que se solicitó a la CIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordenar garantías de no repetición que restablezcan la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en el país.
Policiacahace 2 días
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