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México

Anuncian operativos contra Uber y Cabify

Miembros de la agrupación de Taxis Organizados de la Ciudad de México anunciaron que crearán un Frente Nacional de Taxistas, en el que contarán con el apoyo de abogados especializados para reforzar su estrategia jurídica.

Advirtieron que ante la negativa del Gobierno del Distrito Federal para frenar el funcionamiento de Uber y Cabify harán sus propios operativos contra estas empresas.

El anuncio lo hicieron luego de que la reunión con el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, programada para las 11:00 horas de ayer, se suspendió. De acuerdo con el gobierno capitalino, el encuentro fue reprogramado para el martes próximo a las 14:00 horas, una vez que hayan pasado las elecciones.

La determinación de no atender ayer a los taxistas obedeció al contexto electoral, por lo que las autoridades prefirieron no dar declaraciones que derivaran en tensiones a unos días de la jornada electoral.

Pese a que el secretario de Gobierno no atendió a los concesionarios, el secretario de Movilidad, Rufino León, y el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, fueron quienes los recibieron e informaron a los taxistas sobre el cambio de fecha de la reunión, mientras que los agremiados insistieron en que se aplique lo dispuesto en la Ley de Movilidad, en contra de Uber y Cabify.

Tras el encuentro, los manifestantes advirtieron que de no presentarse el próximo martes Héctor Serrano se levantarán de la mesa y analizarán diferentes acciones como no participar en los debates de los próximos días.

Desacuerdo. A pesar de que los voceros y representantes de Taxis Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) prometen llevar todo dentro de la legalidad, sin violencia ni manifestaciones, miembros de otros grupos como la Confederación Nacional de Taxistas y Quetzal A. C. aseguraron que realizarán operativos de manera particular llamando a los Uber por medio de la aplicación y denunciándolos por la prestación del servicio.

“Cómo van a saber si quien los llama no es un líder de taxis que los va a denunciar. Es una ruleta rusa, un ‘¿adivina quién?’. Te vamos a corretear Uber, si al gobierno le pesa la mano nosotros defenderemos nuestro patrimonio”, dijo Denis González de Quetzales A. C.

Ignacio Rodríguez, vocero de TOCDMX, lamentó que las autoridades argumenten una laguna jurídica, cuando “no hay tal porque en su articulado, la ley sí sanciona la transportación ilegal de pasajeros”. Los taxistas reiteraron que el movimiento no está vinculado a ningún partido político y por ello, no habrá acciones el día de la elección.

El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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