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Anuncian Seminario de Prevención de Lavado de Dinero

El Instituto y Colegio de Contadores de Chihuahua (Iccpch) anunció el programa de capacitación para el mes de marzo, en el que destacan el Seminario de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Declaración Anual de Personas Físicas 2019.

Mario Mendoza Lugo, Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) del Colegio (comisión especializada en el estudio del tema) informando que consta de cuatro módulos –dijo- todos de 9:00 a 14:00 hrs. en las instalaciones del Colegio, ubicadas en Politécnico Nacional #2712, de la colonia Quintas del Sol.

Inicia el seminario con el “Marco Legal de PLD y Actividades Vulnerables”, a cargo del C.P. Víctor J. Vázquez, para el 13 de marzo, distinguido profesionista proveniente de la Cd. de Monterrey, N.L.

Continúa la actividad el 20 de marzo, con el tema “Avisos y Formatos de Actividades Vulnerables”, con la participación de la C.P.C. Martha Isela Marrufo Rodríguez y la C.P.C. Rocío Rosalía Beltrán, ambas distinguidas profesionistas que son integrantes de la Comisión de “PLD” del Colegio.

El módulo tres se programó para el 27 de marzo, con el tema de “Manual del PLD e Integración de Expedientes”, en el que disertará C.P.C. Juan José Rosado Robledo, distinguido expositor proveniente de la Cd. de Torreón, Coahuila.
Finalizará el Seminario de PLD el 02 de abril con los temas “Compliance y Visitas de Verificación”, en el que se contará con la presencia del Lic. Alejandro Lozano Curiel, distinguido profesionista proveniente de la Cd. de Monterrey, N.L. y el Doctor en Derecho Julen Daniel Redondo Pardo, distinguido jurista de esta ciudad.

En cuanto a Declaración Anual de Personas Físicas 2019, el Vicepresidente General del Colegio, C.P.C. Jesús José Barrera Torres, informó que tendrá verificativo el viernes 3 de abril, en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, así como que consta de los siguientes subtemas:

1. Análisis de los ingresos y deducciones de los diferentes capítulos para efectos del ISR.
2. Discrepancia fiscal e ingresos exentos que se convierten en acumulables por no informarlos.
3. Deducciones personales.
4. Determinación del ISR anual.
5. Llenado del formato electrónico de la declaración anual en el Portal del SAT.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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