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México

Aplicarán multa o arresto por dar de comer a perros callejeros

En Papalotla, en donde el mes pasado fueron asesinados a balazos varios perros, quien dé de comer a un perro callejero y no lo adopte será acreedor a una multa de más de cuatro mil pesos o hasta 36 horas de arresto.

Las sanciones se harán extensivas a los dueños de animales de compañía que no los cuiden y no se hagan responsables de ellos.

Por medio de carteles colocados por todo el municipio, se informó a la población que, según el bando municipal, en los artículos 1,129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141 y 142; es obligación de los habitantes del municipio de Papalotla responsabilizarse de la tenencia de perros y gatos de su propiedad.
“Identificarlos, vacunarlos contra la rabia, esterilizarlos, evitar que deambulen libremente en la calle y que agredan a las personas, recoger las heces fecales de su mascota en la vía pública”

Y advierte: “Si algún habitante del municipio alimenta un perro callejero, se tomará como de su propiedad y deberá cumplir con todo lo estipulado con anterioridad y de no ser así se hará acreedor a una sanción de hasta 50 UMAS o hasta 36 horas de arresto administrativo”.

Así también señala que se sancionará a toda persona que tire desperdicios de comida con la intención de alimentar perros callejeros, que se niegue a vacunar a animales domésticos de su propiedad. Que se niegue a entregar a las autoridades sanitarias si son agresores o sospechosos de rabia.
A quien permita que deambulen solos en la calle ensuciando, defecando y que perjudique a tercero, sin eximirlo de la responsabilidad civil por los daños ocasionados.

Las autoridades señalan que estas medidas son para promover una tenencia responsable de los animales.

“Es referente a la tenencia responsable, si yo alimento a un animalito mejor lo adopto lo llevo a mi domicilio le proporciono el alimento”, apuntó Luis Daniel Herrera Flores, director de Seguridad Pública.

Aunque las autoridades aseguran que no hay un problema con los animales callejeros, los vecinos afirman que han proliferado y podrían representar un riesgo de salud.
María Eugenia Velázquez, comerciante explicó que se están reproduciendo los perros, que permanecen en la calle, “para mí si es feo pensar que vaya a haber alguna enfermedad y no hay control de los perros, no haya a quien acudir porque las autoridades dicen que no pueden hacer nada, dicen que hay derechos que los protegen más que a nosotros”.

La mayoría de los perros que deambulan por las calles, afirman los vecinos, tienen dueños pero que los mantienen fuera durante el día.

“Yo he visto personas que vienen y los ven flacos, les compran alimentos, mire ahí esta uno en la tienda ya se metió pa’ dentro, luego se roban hasta los paquetes de pan porque lo he visto, van con los polleros ven un pollo y vámonos”, dijo un vecino.

Sin embargo, la medida ha dividido la población, exige que las autoridades establezcan programas de estilización, pues consideran cruel no dar agua y algo de comida a los perros que deambulan por Papalotla.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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