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Apodos como “El Bombón”, “La Majadera”, “Paty Tamales” y “Cebolla”, aparecerán en la boleta electoral de NL

MONTERREY, NL. (apro).- Junto con los respectivos nombres de los candidatos, la Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó la inscripción de 194 apodos en las boletas que se utilizarán para los comicios locales del próximo 1 de julio, entre ellos: “El Bombón”, “Chichi”, “CR 18”, “Paty Tamales”, “Cebolla”,”La Majadera” y “El Dragón”.

En sesión extraordinaria celebrada este martes, el Consejo General de la CEE acreditó los sobrenombres de aspirantes a 81 diputaciones y 113 alcaldías que cumplieron con los requisitos de ley: no confundir al electorado, no representar propaganda y no aportar frases vulgares, peyorativas o de índole religiosa.

Entre los alias de los aspirantes al Congreso local que aparecerán en las boletas y que más llaman la atención destacan: “Meño” (Epigmenio Garza Villarreal), “Anyelika Prieta Linda” (Martha Angélica López Flores), “La Papa” (Marco Antonio Martínez Díaz), “El Bombón” (César Fernando Guerrero Jara), “Max” (Ricardo Max Sarmiento Rodríguez), “El Cuate” (Carlos Rafael Rodríguez Gómez), “La Doctora” (Blanca Lilia Sandoval de León), “Brujo” (Juan Antonio Rodríguez González), “El Vecino de Soli” (Cristian Alejandro Bocanegra Flores) y “El Teacher” (Adán Ávila Cabrera).

Para los que buscan alcaldías se acreditaron los siguientes seudónimos: “Pomelo” (Mario Alfonso Reséndez Garza), “Paty Tamales” (Patricia Guadalupe Garza Villegas), “Chichi” (Irma Lorena Garza Gutiérrez), “La Comadre” (Celia de León Herrera), “El George de Palmas” (Jorge Alberto Trejo Medrano), “Pepe Villarreal El Tortillero” (José Guadalupe Villarreal Cepeda), “PP Jochos” (José Cruz Moreno Sosa).

También “Chuy Máquinas” (Jesús Andrés Vela Salinas), “La Majadera” (Guadalupe Martínez Segundo), “La Ir 11” (Iliana Nohemi Reyna Flores), “El Federal” (Víctor Rómulo de León Pérez), “Cebolla” (Pedro Pablo González Rivera), “Gato” (Arnulfo Torres Aguilar), “El Dragón” (Luis Fernando Garza Guerrero) y “CR 18” (Camilo Ramírez Puente).

En total se aprobaron 27 sobrenombres al Partido Acción Nacional (PAN), nueve al Revolucionario Institucional (PRI), 12 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), 15 a Movimiento Ciudadano (MC), 24 a Nueva Alianza (Panal) 11 a Rectitud, Esperanza Demócrata (RED), uno a Coalición Ciudadanos por México, 24 a Juntos Haremos Historia y 53 a independientes.

Fueron rechazadas las propuestas de León Lara Ciudadano Empoderado (José León Lara), Mi Gallo (Daniel Torres Cantú), Únete Pueblo (Rocío Maybé Montalvo Adame) y Rolando Independiente (Rolando Fuentes Gutiérrez). Ellos tienen 72 horas para presentar otro sobrenombre.

En los comicios de 2015, cuando se permitió por vez primera la inclusión de motes, fueron acreditados 100 entre los candidatos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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