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México

Aprobada: Por mayoría Senado aprueba la Ley del Servicio Profesional Docente

A pesar de 16 días de marchas y plantones por parte de la CNTE, el Senado de la República aprobó en lo general y por mayoría la Ley del Servicio Profesional Docente, la cual incorpora la evaluación a los maestros.
El dictamen fue aprobado en Comisiones en menos de 30 minutos y ayer mismo se turnó para su discusión y análisis al pleno.
Senadores del PRD y el PAN presentaron distintas reservas con el fin de modificar el dictamen, las cuales continuaban discutiéndose al cierre de esta edición.
Entre los cambios que propusó la bancada panista se encuentran reducir el tiempo para que la ley entre en vigor, extender el periodo para otorgar una plaza y hacer del conocimiento público las evaluaciones de los docentes.
En tanto, los perredistas pidieron incorporar las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre ellas, el que su cargo educativo no dependa de una evaluación.
Adicionalmente, los panistas exigieron que la Secretaría de Gobernación investigue los recursos con los cuales se financia la estancia de la CNTE en el Distrito Federal; ya que los gastos ascienden a 11 millones de pesos diarios, según acusó la senadora Mariana Gómez del Campo, quien dijo tener pruebas del alquiler de autobuses turísticos por un monto de seis mil pesos diarios y tiendas de campaña.
La nueva Ley del Servicio Profesional Docente fue aprobada, por mayoría del PRI y el PAN, un día después de que el presidente Peña Nieto urgió a sacar adelante las reformas estructurales.
A las 23:02 horas de ayer, los senadores aprobaron en lo general dicho dictamen, por 102 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones.

Puntos del dictamen

La Ley del Servicio Profesional Docente establece los criterios para la evaluación de los maestros. Checa los puntos principales:

• Evaluación. Los docentes serán sometidos a tres evaluaciones y en caso de que no se acrediten, se incorporarán a otras tareas o se les ofrecerá incorporarse a los programas de retiro autorizados. En caso de que el personal no se incorpore a los programas de regularización, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa.

•Perfil del educador. En la educación básica, el perfil del profesor será de formación pedagógica o áreas afines.

•Basificación. A los maestros de nuevo ingreso se les decreterá la base, esto, después de seis meses sin tener una nota en su contra dentro de su expediente.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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