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Aprueba PRI las seis fórmulas de candidatos plurinominales al Congreso del Estado

La Comisión Política Permanente del PRI en Chihuahua, aprobó esta tarde el Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para la postulación de las seis fórmulas de candidatos y candidatas, propietarios y suplentes, al Congreso del Estado, mediante el principio de representación proporcional.

El Acuerdo firmado por el dirigente nacional del Partido, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido publicado en la sección de estrados de la página web del Comité Ejecutivo Nacional.

Las seis fórmulas de candidatos y candidatas, quedó de la siguiente manera:

1. Propietario Omar Bazán Flores, suplente Enrique Rascón Carrillo

2. Propietario Ana Georgina Zapata Lucero, suplente Aracely Rocha Acosta

3. Propietario Ricardo Adrián Santana Flores, suplente Miguel Ángel Terrazas Espinoza

4. Propietario Karla Armendáriz Lucero, suplente Perla Yuridia Chávez Amaya

5. Propietario Jesús José Helo Pérez, suplente Martín Islas Ramos

6. Propietario Beatriz Adriana Rodríguez Cruz, suplente Lilia Iveth Muñiz Torres

En la sesión de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, el secretario de Procesos Internos, Normando Perales, leyó un comunicado del presidente del Partido, Omar Bazán Flores, en el que anuncia su separación del cargo a partir de mañana martes 12 de enero, a fin de participar en el proceso interno para su reelección como diputado local y tras ello, se designe a una nueva dirigencia.

En la sesión virtual estuvo presente el diputado federal Ricardo Aguilar Castillo, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, con la representación del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

En su mensaje, reconoció la gestión de Omar Bazán al frente del Partido en Chihuahua y anunció que en breve “Omar Bazán atenderá diversas tareas encomendadas por la dirigencia nacional”.

Señaló que en las próximas horas se designará a un presidente interino a propuesta de la dirigencia estatal que encabezará hasta mañana el diputado Omar Bazán Flores.

Cabe hacer mención que el día de mañana solicitará licencia al cargo de Secretaria General, la doctora Georgina Zapata Lucero, a fin de continuar con el procedimiento estatutario tras su nominación en la segunda fórmula al Congreso del Estado.
En la sesión de la Comisión Política Permanente estuvieron presentes 65 de sus 75 integrantes, por lo que los acuerdos tomados tienen plena validez, siendo certificados por el Notario Público número 2, Alberto Ju Armendáriz.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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