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México

Aprueba Senado acción de inconstitucionalidad como medio de control para proteger nuestra Constitución Política

Con la finalidad de salvaguardar la democracia y legalidad del marco jurídico mexicano, el Senado de la República aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos A) y B) de la fraccio?n II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de promover la acción de inconstitucionalidad en aquellas leyes que sean contradictorias o sobrepasen lo establecido en la Constitución Política.

Al hablar a favor del dictamen, el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, explicó que se busca facultar al 33% de las y los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para que promuevan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la posible contradicción a lo establecido en nuestra Carta Magna, de las adiciones o reformas a las constituciones locales que realicen las Legislaturas de las entidades federativas.

En tribuna, el legislador morenista, detalló que la acción de inconstitucionalidad es uno de los medios de control de la regularidad constitucional que tenemos en México. Es un recurso legal con el que cuentan diversos entes jurídicos, para cuidar el andamiaje constitucional y denunciar la posible contradicción entre nuestra Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, ya sea una ley, un tratado internacional, un reglamento o decreto. Es a través de este medio de control que se busca preservar y mantener la supremacía de nuestra Constitución.

“La acción de inconstitucionalidad, a diferencia de la controversia constitucional, alude al control abstracto de constitucionalidad, lo que significa que para promoverla no es necesario que exista un agravio concreto, sino el sólo hecho de ir en contra de lo establecido constitucionalmente. Es a través de la acción de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez total o parcial de la norma impugnada” complementó el congresista.

Dijo Pérez Cuéllar que la acción de inconstitucionalidad constituye uno de los más importantes medios de control de nuestro sistema jurídico, principalmente por el alcance del sentido de sus resoluciones que tienen efectos generales, lo que beneficia a todos los gobernados.

Es en este sentido, aseveró que el Dictamen recobra gran importancia, toda vez que, a través de las reformas a los incisos a) y b) de la fraccio?n II del artículo 105 constitucional se busca que las constituciones locales estén acordes a lo establecido en la Constitución General, por lo que, si una Legislatura local reforma su constitución, lo tiene que hacer a la luz de nuestra Constitución, sin sobrepasar facultades y sin establecer preceptos en contra de ella.

De tal manera que, el Congreso de la Unión ahora tendrá? la facultad de promover, con el 33% de los integrantes, ya sea de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, una acción de inconstitucionalidad para atacar aquellas reformas que se hagan a nivel local, en este caso, a las constituciones locales, que se opongan a la Constitución que nos rige a las y los mexicanos.

Resaltó el senador chihuahuense, que no se busca ir en contra de la autonomía e independencia que gozan todas las entidades federativas y sus Legislaturas, si no, que más bien se busca fortalecer la regularidad constitucional y proteger nuestro marco constitucional.

Concluyó que el Senado de la República, como garante del Pacto Federal tiene el compromiso de velar porque dicho pacto se mantenga y que es su deber como Legisladores proteger nuestra Constitución Política, en este caso, a través de un medio de control como lo es la acción de inconstitucionalidad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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