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México

Aprueba Senado dictamen para reformar la Ley para la Gestión Integral de los Residuos

El pasado miércoles se presentó ante el pleno del Senado de la República el dictamen que aprobó la iniciativa de Ley presentada por el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, mediante la cual se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de darles una adecuada valorización y promover el co-procesamiento como una solución ambientalmente segura.

La iniciativa revela que el manejo de residuos en México se encuentra en una etapa crítica, por lo que es necesario explorar todas las opciones en el marco de una economía circular, para darles una adecuada valorización, y en este marco, buscar que el co-procesamiento impulse la reducción de impactos en rellenos sanitarios y se convierta en una medida estratégica en las metas de cambio climático del país.

Explica el documento que en mayo de este año el Gobierno Federal, a través de la SEMARNAT, publicó el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, en el cual se da cuenta de que anualmente se generan cerca de 44 millones de toneladas de residuos en México. De ese volumen, la cobertura de recolección actual es de alrededor del 84%, lo que significa que poco más de 7 millones de residuos; es decir, el 16% del total generado, se encuentra sin un manejo y disposición adecuados.

Incluso, resalta que aquellos residuos que son recolectados, tampoco son gestionados de manera eficiente para su valorización, pues actualmente se tienen registradas sólo 47 plantas de separación o reciclaje.

Detalla además que de acuerdo con el Diagnóstico de la SEMARNAT, de las 120 mil toneladas al día promedio que se generan, 113 mil terminan en un relleno sanitario, esto es, que 94% del total de los residuos en México no son valorizados de ninguna forma. Del 6% restante, una parte va destinada a la actividad de pepena, principalmente el PET, vidrio, y metal, dejando apenas un 3% que se puede valorizar mediante Co-procesamiento.

En ese sentido, el legislador chihuahuense, expuso en su iniciativa que las ventajas técnicas del co-procesamiento de residuos contribuye a garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, ya que ofrece una alternativa ambientalmente segura para la disposición final de la basura que, ante la insuficiencia presupuestal y operativa a la que se enfrentan los gobiernos locales para gestionar eficientemente su manejo, termina en los más de 1,600 basureros a cielo abierto que existen en el país, los cuales son causantes de la contaminación del suelo y el subsuelo, así como de innumerables incendios que afectan la calidad del aire.

De la misma manera, detalla, que el co-procesamiento genera beneficios y disminuye impactos, ya que el uso de residuos como combustibles alternos renovables genera cadenas de valor a nivel local. De igual manera, amplía la cartera de combustibles, evitando la dependencia en unos pocos y haciendo a las industrias que los emplean menos susceptibles a la volatilidad del mercado en términos de oferta y de precios.

Dijo que la reforma contenida en el Decreto que se aprobó, contribuye a sentar los cimientos legales para una política pública en materia de gestión de residuos, contenida en la Visión Nacional hacia una Gestión Sustentable: Cero Residuos, elaborada por la SEMARNAT; particularmente en lo establecido en sus principios rectores relacionados con el establecimiento y desarrollo de mecanismos e instrumentos para implementar un enfoque de economía circular que fortalezca la gestión sustentable de materiales, con una visión de cero residuos, así como con el propósito de evitar riesgos e impactos al medio ambiente.

De tal manera, que agregó, que las siguientes discusiones deberán encauzarse a promover la separación para incentivar a su vez la valorización de los residuos en sus diferentes cadenas de valor y adelantó que en ese compromiso que se tiene de crear políticas públicas para mejorar el medio ambiente, en breve presentará una Iniciativa en materia de tratamiento de neumáticos que representa otro riesgo para el país que se debe resolver.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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