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Aprueba Senado establecer el principio de paridad de género en 8 leyes

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El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que el Senado de la República, aprobó establecer el principio de paridad de género en 8 leyes y reformó 31 ordenamientos para instituir dicha paridad en la designación de cualquier cargo público, que vendrán a contribuir a la consolidación de una democracia más justa, incluyente e igualitaria.

El legislador morenista, detalló que se aprobó establecer el principio de paridad de género en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, de establecer la paridad en la Ley del Banco de México; la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Explicó el senador chihuahuense, que dentro del paquete de reformas en materia de paridad género, se aprobaron además dictámenes relativos a la Ley General de Partidos Políticos que incluye la obligación de que los partidos garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género.

En relación a la la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se modificó para incorporar el principio de paridad de género previsto en el artículo 94 constitucional; la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género y la conformación de los óranos jurisdiccionales.

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se facultó a las autoridades electorales federales y locales para solicitar a las autoridades competentes medidas de protección, análisis de riesgo; emitir medidas cautelares específicas en materia de violencia política en razón de género.

De la misma manera, se legisló en relación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual se incorpora como una nueva modalidad la violencia política en razón de género y se consigna la definición de la misma, se enlistan las acciones u omisiones que constituyen violencia política en razón de Género.
En la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se establecen las agravantes por la comisión de delitos electorales, cuando su comisión involucre violencia política en razón de género.

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se prevé la procedencia explicita del juicio para la protección de los derechos políticos, en el supuesto de que las mujeres consideren que son víctimas de violencia política en razón de género.

De la misma manera, el senador destacó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para responder a la necesidad de contar con información estadística oficial y unificada sobre el fenómeno de la violencia política y poder dimensionar su incidencia y las condiciones en que se presenta.

Agregó Pérez Cuéllar, que además el Senado de la República, reformó 31 ordenamientos para establecer la paridad de género en la designación de cualquier cargo público, que vendrán a resaltar la importancia y trascendencia de la participación de la mujer en la vida de la función pública.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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