Conecta con nosotros

Slider Principal

Aprueba Senado establecer el principio de paridad de género en 8 leyes

El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que el Senado de la República, aprobó establecer el principio de paridad de género en 8 leyes y reformó 31 ordenamientos para instituir dicha paridad en la designación de cualquier cargo público, que vendrán a contribuir a la consolidación de una democracia más justa, incluyente e igualitaria.

El legislador morenista, detalló que se aprobó establecer el principio de paridad de género en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, de establecer la paridad en la Ley del Banco de México; la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Explicó el senador chihuahuense, que dentro del paquete de reformas en materia de paridad género, se aprobaron además dictámenes relativos a la Ley General de Partidos Políticos que incluye la obligación de que los partidos garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género.

En relación a la la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se modificó para incorporar el principio de paridad de género previsto en el artículo 94 constitucional; la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género y la conformación de los óranos jurisdiccionales.

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se facultó a las autoridades electorales federales y locales para solicitar a las autoridades competentes medidas de protección, análisis de riesgo; emitir medidas cautelares específicas en materia de violencia política en razón de género.

De la misma manera, se legisló en relación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual se incorpora como una nueva modalidad la violencia política en razón de género y se consigna la definición de la misma, se enlistan las acciones u omisiones que constituyen violencia política en razón de Género.
En la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se establecen las agravantes por la comisión de delitos electorales, cuando su comisión involucre violencia política en razón de género.

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se prevé la procedencia explicita del juicio para la protección de los derechos políticos, en el supuesto de que las mujeres consideren que son víctimas de violencia política en razón de género.

De la misma manera, el senador destacó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para responder a la necesidad de contar con información estadística oficial y unificada sobre el fenómeno de la violencia política y poder dimensionar su incidencia y las condiciones en que se presenta.

Agregó Pérez Cuéllar, que además el Senado de la República, reformó 31 ordenamientos para establecer la paridad de género en la designación de cualquier cargo público, que vendrán a resaltar la importancia y trascendencia de la participación de la mujer en la vida de la función pública.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto