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Aprueba Senado reformas a la ley federal de cinematografía

El senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que con el objetivo de erradicar la brecha de exclusión de las personas con discapacidad auditiva, el Senado de la República, aprobó reformas a la Ley Federal de Cinematografía, para que todas las películas, sin excepción, sean subtituladas.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador morenista, destacó que esta propuesta representa un acto de justicia social, que busca promover los derechos de personas con discapacidad y una mayor inclusión cultural.

Explicó que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, establece que todas las películas proyectadas en cines al interior del territorio nacional cuenten con subtítulos en español, incluyendo las habladas en idioma extranjero, las habladas en español, así como las dobladas en español
Manifestó el legislador, que estas reformas, son de gran trascendencia para un grupo vulnerable de la sociedad, y que permitirán a las personas con discapacidad auditiva disfrutar del séptimo arte mediante la incorporación de elementos accesibles a las películas.

Expuso Pérez Cuéllar, que el dictamen estipula que con la modificación aprobada se abriría las puertas del cine mexicano a un mercado adicional de 2.4 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad auditiva, fortaleciendo los ingresos en taquilla para el cine nacional.

“Esta es la posibilidad de que todas las personas gocen de sus derechos humanos, para ello es importante que nosotros, como líderes políticos y sociales compartamos una misma visión”, agregó el senador chihuahuense, al reiterar que lo que se busca es fortalecer una inclusión cultural y eliminar barreras en el entorno social.
Por lo que, el Pleno del Senado aprobó con 83 votos, el dictamen para que todas las películas, sin excepción, sean subtituladas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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