Conecta con nosotros

México

Aprueban cárcel para quienes causen accidentes por usar el celular mientras manejan

La Cámara de Diputados dar de uno hasta tres años de prisión a quienes causen algún daño con su vehículo por manejarlo en estado de ebriedad, bajo los efectos de las drogas o, incluso, utilizando su teléfono celular o algún otro dispositivo.
Las reformas al Código Penal Federal en sus artículos 171 y 172 fueron aprobadas en lo general con 313 votos a favor, 46 en contra y 33 abstenciones, y turnadas al Senado de para sus efectos constitucionales.
El presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al fundamentar las reformas explicó que el objetivo es fortalecer el marco jurídico para disminuir la conducta de quienes ponen en riesgo a la sociedad, al conducir en estados alterados o sin “la tecnología adecuada”, ya que queda permitido el uso de “manos libres”.
Señaló que hasta el 21 por ciento de las muertes causadas por el tránsito vehicular pueden atribuirse al alcohol, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además de que México ocupa el séptimo lugar, a nivel mundial, en muertes por accidentes de tránsito, según la Organización Panamericana de la Salud.
Los errores humanos por malas prácticas, son determinantes en un 80 por ciento de los accidentes de tránsito, según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes que estima que al distraer la vista del camino para contestar una llamada o para observar la pantalla de un teléfono celular, se incrementa un 400 por ciento la posibilidad de sufrir un accidente durante la conducción, refirió Ibarra Hinojosa.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Manuel Sánchez Orozco, dijo que a nivel mundial mueren por accidentes viales 1.2 millones de personas al año y destacó la importancia de que la seguridad vial se establezca “no nada más con conductas sancionatorias, sino también con capacitación, con prevención”.
El diputado Alfredo Basurto Román de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) planteó implementar, a nivel federal y estatal, el Consejo Nacional de la Prevención de Accidentes en vehículos de automotor y establecer mecanismos o escuelas sobre lo delicado y peligroso de hablar por teléfono, tuitear o mandar mensajes al mismo tiempo de conducir, ya que puede ser causa mortal.
Su compañero de bancada, Juan Romero Tenorio, argumentó que se debe revisar la redacción del dictamen “es una pésima redacción y no abonamos a inhibir esa conducta de textear o hablar por teléfono celular”.

SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto