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Aprueban cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018

Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, aprobaron los dictámenes correspondientes a cuentas públicas y estados financieros de los siguientes entes, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Estas acciones, fueron presentadas ante el Pleno por los diputados Rocío González Alonso, Miguel Ángel Colunga Martínez, Misael Máynez Cano y Rocio Sarmiento Rufino, miembros de la Comisión de Fiscalización y quienes determinaron que esto se concretó en reunión con fecha del 19 de diciembre del presente año.

En lo que respecta a las cuentas públicas con observaciones, se notificará por parte del Poder Legislativo a la Auditoría Superior del Estado para que, con las instancias correspondientes, presente las denuncias administrativas y/o penales.

En lo que respecta a los entes sin observaciones, estuvieron: JCAS de Chihuahua, el Sistema de Urbanización Municipal Adicional de Juárez, Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales, Ojinaga y la JMAS de Nuevo Casas Grandes.

Por otra parte, en las cuentas públicas con observaciones: el Fidecomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Chihuahua, se señaló con asignaciones irregulares de apoyos, mientras que el Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado, por falta de documentación de los dictámenes de licitaciones y por falta de dictámenes de adjudicación directa.

Al Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado, dado a que no se cuenta con documentación establecidos en las reglas para adquisición de créditos; a San Francisco de Borja, por retención de sueldos del personal y no pagar el Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria.

A Guazapares, por no contar con la evidencia de prestación de servicios por consultoría, así como el nulo pago del Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria; Moris, por retención de sueldos del personal y no pagar el Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria.

A la Universidad Tecnológica de Chihuahua, dado a que no contaba con documentación de comprobación de registros contables entre las colegiaturas de alumnos cobradas y los inscritos; por último, al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, por el pago indebido por bienes no recibidos por gastos de propaganda, disposición de recursos del ente fiscalizable para pago de sueldos de nómina.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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