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México

Aprueban decreto de inclusión para personas con discapacidad auditiva

Con la finalidad de generar políticas adecuadas y sensibles para la inclusión de los grupos vulnerables, fue aprobado en el seno de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, en materia de inclusión de personas con discapacidad auditiva.

En sesión encabezada por el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, presidente de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, se aprobó reformar el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, para que todas las películas proyectadas en los cines al interior del territorio nacional cuenten con subtítulos en español, incluyendo las habladas en idioma extranjero, las habladas en español siendo su idioma original, así? como las dobladas en español.

Lo anterior para reducir, mitigar y prevenir la exclusión social y promover la inclusión, de tal manera que las personas con discapacidad auditiva, puedan disfrutar del séptimo arte mediante la incorporación de elementos accesibles a las películas.

Tras sesionar dichas comisiones el 26 de noviembre, coincidieron que la iniciativa es loable y además de gran trascendencia para un grupo vulnerable de la sociedad, porque siempre estarán en contra de la exclusión, y a favor de un mundo de inclusión económica, cultural, educativa y artística.

De tal manera, que las películas deberán ser exhibidas al público en su versión original y, sin excepción, subtituladas al español, en los términos que establezca el Reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español.

Por lo que, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para modificar el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía y demás disposiciones que deriven de esta, para acortar la brecha de la exclusión social de personas con discapacidad auditiva.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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