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México

Aprueban diputados la Reforma Energética

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta de reforma constitucional en materia energética, con 354 votos a favor, 134 en contra, sin abstenciones.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta de reforma constitucional en materia energética, con 354 votos a favor, 134 en contra, sin abstenciones.

Debido a la presentación de reservas, sobre casi todos los artículos, principalmente interpuestas por los partidos de izquierda, la discusión en lo particular continúa hasta la mañana de este jueves 12 de diciembre.

La votación fue calificada como corresponde a una reforma constitucional, al haberse registrado una votación de las dos terceras partes del pleno, y avalaron los diputados del PRI, Partido Acción Nacional (PAN), PVEM y Nueva Alianza.

Sin embargo, la diputada panista Verónica Sada Pérez, de Nueva León, votó en contra, al igual que los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.

Debido a las condiciones del recinto alterno en al auditorio “Aurora Jiménez de Palacios”, en el Edificio E de San Lázaro, la votación fue tomada de viva voz, uno por uno de los más de 400 diputados que estaban presentes, lo que tardó más de una hora.

Algunos aprovecharon su turno para votar para lanzar consignas, como Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien se identificó como integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y otros como Jonathan Jardines y Amalia García Medina, del PRD, quienes se refirieron a la consulta popular contra dicha reforma, que se efectuaría en 2015.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez, del PRD, votó en contra y consideró que hubo un bajo nivel de debate, además de externar su vergüenza por llevar a cabo una asamblea de esa naturaleza; mientras que otros como Loretta Ortiz, del PT, señalaron que la historia juzgará a quienes se pronunciaron a favor.

El presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Anaya Cortés, interrumpió después del voto del diputado Silvano Blanco de Aquino, para decir había sufragado una persona que no era legislador, sin embargo se trataba de Rodrigo Chávez Contreras, suplente del diputado Martí Batres Guadarrama.

Ante ese incidente, Anaya Cortés ofreció una disculpa pública por el agravio, a solicitud del coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, y explicó que lo confundió con otro suplente.

Ante las reservas que se presentaron, los diputados de izquierda argumentaron que la votación en lo general era ilegal precisamente porque todos los artículos estaban reservados.

Sin embargo, se continuó con la votación, se aprobó en lo general y el presidente Anaya Cortés explicó que lo que se votaba era el instrumento y se seguía con la presentación de reservas.

Al concluir la presentación de reservas se votará la reforma en lo particular, y de aprobarse nuevamente, la minuta pasaría a los 31 Congresos locales para que sea avalada.

Si logra el voto por lo menos 17 congresos locales, las cámaras de Senadores y diputados efectuarían la declaratoria de constitucionalidad y la remitirían al Ejecutivo federal para su promulgación.

En el debate, que comenzó aproximadamente a las 18:30 horas de ayer, participaron 12 diputados, y mientras quienes estaban a favor destacaban que la reforma constituía la oportunidad para obtener mayor rentabilidad de recursos naturales, los legisladores que estaban en contra acusaron a sus contrapartes de traicionar al país.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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