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México

Aprueban diputados reformas a la Constitución en consulta ciudadana y revocación de mandato

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de consulta ciudadana y revocación de mandato.
En su votación en lo general, la minuta fue avalada en lo general por 328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, luego de más de 6 horas de debate y con el respaldo absoluto de legisladores de Morena, PT y PVEM, así como la mayoría de PRI, PES y el grupo de experredistas autodenominado como «independientes».

De acuerdo con lo aprobado, la consulta de revocación de mandato puede ser convocada por el presidente en turno, por el 33 por ciento de alguna de las dos cámaras o por el 3% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, lo que equivale a más de 2.7 millones de mexicanos. Para que su resultado sea vinculatorio, se requiere la participación de al menos el 34 por ciento de la Lista Nominal, aunque se espera que en la discusión de reservas se reduzca dicho porcentaje al 25 por ciento.

En cuanto a la consulta ciudadana, el documento estable reducir el umbral de participación para su convocatoria del 3 al 1 por ciento de la lista nominal, cerca de 900 mil firmas de ciudadanos. Al igual que en el rubro de la revocación de mandato, el resultado se considerará vinculatorio si se comprueba la participación del al menos el 34 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal, aunque dicho porcentaje también se buscará bajar.

Contrario a la revocación de mandato, que deberá realizarse el mismo día de las elecciones intermedias de 2021, las consultas no tienen establecida una temporalidad específica, aunque su organización sí recaerá sobre el Instituto Nacional Electoral.

Posicionamientos en contra
Por el PRD, Monica Bautista Rodríguez señaló que la revocación de mandato del presidente, como se plantea, es un recurso político táctico para jalar la votación hacia los candidatos de su partido a puestos de elección popular.

En medio de pancartas con la leyenda “Revocación sí, consultas a modo no», el PRD fijó su postura luego de que presentó una moción suspensiva a fin que el dictamen fuera llevado a Parlamento Abierto, misma que fue rechazada por Morena y sus aliados.

De la misma manera. la legisladora Adriana Gabriela Medina Ortíz, de MC, pidió cambiar el dictamen para evitar que el autoritarismo se enmascare en la democracia.

Consideró que la consulta popular o revocación de mandato no deben coincidir con elecciones y el cambio constitucional propuesto implica una ciega disciplina partidista.

Diversos legisladores de oposición acusaron que se estaba avalando una reforma que podría abrir la puerta a la reelección, por lo que pidieron al Senado de la República, cámara a la que corresponderá seguir con el análisis de la minuta, revisar los puntos en contra de la iniciativa.

Con información de Notimex

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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