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Aprueban en comisiones el Presupuesto 2021; concretaron recortes a los estados

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La Cámara de Diputados aprobó este martes en comisiones el Presupuesto 2021, el cual estará marcado por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, mayor reasignación a los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, un recorte a los recursos de los estados y también un recorte a los Poderes Legislativo, Judicial y a órganos autónomos.

Morena, el partido de López Obrador y con mayoría en el Congreso, así como sus aliados del PT (Partido del Trabajo) y PES (Partido Encuentro Social) avalaron en lo general y en lo particular el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.La oposición votó en contra.

En la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el conteo final tuvo 34 a favor, 15 en contra y cero abstenciones para aprobar el dictamen. Se espera que ahora se discuta en lo general en el Pleno de la Cámara de Diputados este mismo martes por la tarde. La discusión de reservas se realizará entre el miércoles y jueves.

De acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que reúne a todos los líderes de los partidos que integran la Cámara de Diputados, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 estima un gasto neto de 6.3 billones de pesos.

Con la aprobación en comisiones del Presupuesto 2021, quedaron sin efecto los pedidos de los gobernadores de la opositora Alianza Federalista. Estos habían pedido que no hubiera recortes en la entrega de recursos a las entidades, sobre todo ante la emergencia sanitaria y económica consecuencia del coronavirus.

En este momento histórico del país los recursos de los mexicanos deben destinarse a cubrir las necesidades del propio pueblo. No permitamos que México quede a su suerte con un presupuesto injusto e insuficiente
Los gobernadores habían advertido que si se concretaban los recortes, de casi nueve puntos porcentuales con respecto a 2020 de acuerdo con sus propios cálculos, analizarían seriamente la opción de abandonar el Pacto Fiscal, donde esta determinado el esquema de distribución y de recolección de recursos.

Por otra parte, la oposición acusó que para 2021 se tienen contemplados recortes a los órganos autónomos, como el INE (Instituto Nacional Electoral) y el Poder Judicial. “Este recorte pone en riesgo el cumplimiento del deber constitucional del INE, pues no es posible garantizar el desarrollo de los procesos electorales 2020-2021”, aseguró la diputados Almaguer Pardo del PRD (Partido de la Revolución Democrática).

En la ronda de intervenciones, el diputado Miguel Jarero, de Morena, recordó que estamos atravesando por una situación extraordinaria debido a la pandemia por COVID-19, por lo que el Presupuesto para el 2021 hace un esfuerzo “extraordinario” por atender a los sectores más desprotegidos del país. Pidió a la oposición a que más allá del debate se ponga por delante el interés colectivo de la sociedad.

En cambio, el diputado del PRI (Partido Revolucionario Institucional), Fernando Galindo, destacó que las modificaciones aprobadas tienen un solo objetivo, el de «mermar la capacidad de los organismos autónomos, principalmente del Poder Judicial y del INE”.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Morena festejó que el Presupuesto 2021 “está fundamentado en la austeridad republicana que el Gobierno Federal ha impulsado para la transformación del país”, fortaleciendo la entrega de becas, apoyos económicos y pensiones a adultos mayores.

Además, agregaron, el Presupuesto 2021 buscará “atender las consecuencias de la emergencia sanitaria por Covid-19 a través del reforzamiento de las líneas de acción del sistema de salud, el blindaje de los programas sociales y los proyectos estratégicos de infraestructura”.

Precisamente la oposición criticó que el Presupuesto 2021 desprotegiera a los estados y a los órganos autónomos y en cambio fortaleciera el impulso de los proyectos insignia de López Obrador, como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.

La diputada Sonia Rocha, del PAN (Partido Acción Nacional), remarcó que el dictamen “contiene un serie de alteraciones sistemáticas que afectan directamente a los estados y municipios”, además del sector salud y educativo, así como en el campo. “Los estamos perjudicando y estamos votando en contra de sus necesidades”, añadió.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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