Conecta con nosotros

México

Aprueban en el Senado reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones

Con 94 votos a favor y 1 abstención, se aprobaron en el pleno del Senado de la República las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de concesiones del espectro radioeléctrico, que presentó el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar.

Se trata de reformas impulsadas por el senador morenista que generarán condiciones de igualdad en el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento, prórroga de la vigencia, o cambios en los servicios, por el uso del espectro radioeléctrico que hacen los concesionarios de radio y televisión.

En tribuna el legislador chihuahuense, explicó que dichas reformas proporcionarán seguridad y certeza jurídica, para generar un desarrollo técnico y tecnológico de la industria, y así alentar y proteger la actividad económica que realizan los radiodifusores y proveer de condiciones para el desenvolvimiento del sector, contribuyendo al desarrollo económico nacional.

La propuesta aprobada, parte de que las empresas que integran la Industria de la Radio y Televisión obtienen del Estado una concesión para prestar el servicio de radiodifusión -servicio público de interés general-, mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales -sean éstas de audio, o bien, de audio y video asociado- a través del uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Es por ello que, a través del servicio de radiodifusión, la población recibe las señales del emisor, de manera directa y gratuita.

En este contexto, la población se beneficia de la Radio y la Televisión de manera gratuita; no obstante, los Concesionarios requieren de la contratación de publicidad comercial para obtener una ganancia, compitiendo para ello con otros medios, como lo son las llamadas plataformas de información; sin embargo, esta competencia se da en condiciones de desigualdad, si se compara en cuanto a las obligaciones de diversa índole legal que tienen.

Al igual que todas las empresas, las estaciones de Radio y Televisión concesionadas se encuentran sujetas a la obligación de pagar diferentes tipos de impuestos y contribuciones. Adicional a ello, tienen que pagar impuestos exclusivos a su actividad comercial como tiempos del Estado, tiempos fiscales; tiempos oficiales en materia electoral, 60 minutos adicionales para la Hora Nacional, encadenamientos, boletines en caso de urgencia, y la transmisión del Himno Nacional. Aunado a los anteriores, realizan otros pagos de Derechos Especiales, inherentes a su industria como la que, a partir del 2008, hacen, a través de una fianza, para refrendar su concesión.

Dicho escenario rompe con el principio de Competencia Efectiva contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), y en la Ley Federal de Competencia Económica.

Es por ello que, a través de la Iniciativa se busca modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de generar condiciones de igualdad, para generar un desarrollo técnico y tecnológico de la industria, y así alentar y proteger la actividad económica que realizan los radiodifusores y proveer de condiciones para el desenvolvimiento del sector, contribuyendo al desarrollo económico nacional.

Asimismo, se pretende que el pago por el uso del espectro radioeléctrico sea claro, transparente, de fácil cálculo para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), bajo principios de claridad y transparencia, lo que le permitirá cumplir con su mandato establecido en la Ley Federal de Competencia Económica, que es el asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados, así como proteger el proceso de competencia y la libre concurrencia.

Es así que el cálculo del pago por el uso del espectro radioeléctrico, diferenciando si se trata de una prórroga o de una nueva concesión, podrá realizarse durante el tiempo de vigencia de la concesión, o en una sola exhibición o en anualidades, y ser deberá ser con base en valores reales de mercado y experiencias internacionales en la materia. Para dicho cálculo, el IFT deberá contar con la mejor información disponible, incluyendo las diversas Resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le permita decidir la metodología que utilizará para determinar el monto de la contraprestación de las renovaciones de las concesiones del espectro radioeléctrico.

Cabe hacer mención, que con las reformas y adiciones a los artículos 100, 102 y 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se respeta lo establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación; ya que el monto de las contribuciones y aprovechamientos que generen los pagos hechos por la contraprestación se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar, sin perjuicio del erario.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto