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Aprueban Ley para Erradicar la Trata de Personas en Chihuahua

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La Presidenta de la Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables, Liliana Ibarra informo que la trata de personas es una de las peores agresiones que enfrenta la humanidad hoy en día, pues atenta gravemente contra la dignidad de las personas encuadrando los elementos de una forma de esclavitud moderna, aunado a que generalmente este delito se vincula con la delincuencia organizada, es que ocupa un lugar preponderante en la agenda internacional para lograr su erradicación.
Advirtió que nuestro país sigue sin cumplir con normas mínimas de erradicación del delito de trata de personas, siendo aún considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas, haciéndose hincapié como ya se dijo antes, que los grupos más vulnerables ante la prevalencia de tales delitos son las mujeres, niñas, niños, adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, además de migrantes indocumentados.
Por ello, quienes integramos esta Comisión coincidimos plenamente con la iniciadora en la pertinencia de afrontar esa deficiencia normativa por medio de la creación de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua, para que de una manera más clara y precisa, se cuente con la obligación de difundir información estadística, de planes, programas y acciones acerca del fenómeno delictivo y qué se hace en el combate, hasta que logremos su erradicación.
Esta Comisión Dictaminadora se congratula que cada vez con mayor razón, el tema de la atención, prevención, combate y erradicación de los delitos en materia de trata de personas adquiere relevancia en el quehacer público, a través de presentación de propuestas que permitan afrontar con mayor eficacia tales conductas y con ello ir contrarrestando los escenarios y situaciones que generan víctimas de trata de personas, así como de trabajos forzados, domésticos y sexuales, a través de la prevención y concientización de la ciudadanía.
Liliana Ibarra resalto, que como resultado del arduo y comprometido esfuerzo que se realizó, se obtuvo un ordenamiento jurídico innovador que tiene por objeto implementar las acciones para la prevención, combate y erradicación de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como reparar el daño a las víctimas de manera integral, adecuada, efectiva y proporcional a la gravedad del perjuicio causado.
En ese sentido, refirió la legisladora del PAN, que las diputadas integrantes de esta Comisión estimamos necesaria la creación de la norma jurídica con la denominación de Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua.
Ordenamiento jurídico que contiene ocho capítulos relativos a:
• Disposiciones Generales.
• Distribución de competencias en materia de delitos de trata de personas.
• Prevención, Combate y Erradicación de la trata de personas.
• Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos previstos en la Ley General.
• Atención preventiva a Zonas y Grupos de Alta Vulnerabilidad.
• El Consejo Estatal para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas.
• Programa Estatal para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas.
• Fondo Estatal para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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