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Aprueban «muerte civil» a servidores públicos corruptos

El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, aplaudió la aprobación de dos dictámenes en materia de corrupción, los cuales tienen que ver con la inhabilitación permanente por actos de corrupción a servidores públicos, así como el incorporar como falta grave de los servidores públicos la conducta denominada «simulación de reintegro de recursos».

“Estoy muy contento por la aprobación de estos dos dictámenes, ya que van a permitir muerte civil a los corruptos, técnicamente inhabilitación permanente por delitos de corrupción, es decir los corruptos ya no tendrán segunda oportunidad, ya no volverán a ser candidatos, no podrán ejercer ningún cargo ni podrán tener alguna licitación con gobierno” manifestó el senador morenista al votar a favor.

El chihuahuense destacó que cualquier acto de corrupción llámese soborno, trafico de influencias, falsificación de documentos, compra-venta de facturas, evasión fiscal, uso indebido de recursos, entre otros, serán inhabilitados de por vida los responsables a nivel nacional.

Los dictámenes fueron presentados por las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, en materia de corrupción.

Se aprobó el dictamen que pretende establecer la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, la cual garantizará que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública. Al mismo tiempo, establece que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la administración pública.

Asimismo, el pleno aprobó el dictamen, que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para integrar la simulación de reintegro de recursos en el capítulo de faltas administrativas graves de los servidores públicos.

De tal manera que, incurrirá en simulación de reintegro de recursos, el servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el deposito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones y posteriormente los asigne o desvié nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley.

Las modificaciones fueron remitidas a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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