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Aranza Ramos buscaba a su esposo desaparecido en Sonora, pero fue asesinada

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Una joven madre que buscaba a su marido en el Valle de Guaymas fue abatida la medianoche de este jueves por un comando que arribó por la fuerza a su domicilio.

Gladys Aranza Ramos Gurrola, integrante de los colectivos Guerreras Buscadoras y Madres Buscadoras de Sonora, había iniciado las labores de rastreo de su esposo el 6 de diciembre anterior en la región de Guaymas y Empalme.

Allí, junto a su hija Lyah, había concentrado su búsqueda hasta encontrar a su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, pero fue asesinada.

La noticia del ataque mortal se difundió enseguida en los portales oficiales de los colectivos de búsqueda y en las redes sociales, pero la Fiscalía General de Justicia en el Estado tardó 12 horas en emitir un comunicado.

«Se hará justicia para Aranza: FGJE. Es de cobardes privar de la vida a una mujer sólo por buscar a su esposo desaparecido», inicia el informe oficial.

Luego establece: «En medio de su dolor, la joven madre, de 28 años de edad, siempre fue valiente, activa, entusiasta y solidaria, trabajaba sin descanso en gestiones y acciones de búsqueda con la firme esperanza de que ella, u otras personas o familias pudieran volver a coincidir con sus seres queridos».

Hasta ahora se ha logrado definir que el feminicidio de Gladys Aranza Ramos se suscitó a las 23:30 horas del jueves 15 de julio en el Ejido Ortiz, perteneciente a Guaymas, cuando fue agredida con proyectiles de arma de fuego por personas que arribaron a su domicilio.

A través de la «Trilogía Investigadora», la fiscalía abrió varias líneas de investigación y la más fuerte de estas es la relacionada con el activismo que realizaba la joven madre en búsqueda de su pareja sentimental.

“Madres Buscadoras de Sonora nos unimos a la pena que embarga a la familia de Aranza Ramos, una gran persona que su único pecado fue amar con toda su alma a su esposo al cual buscaba incansablemente desde que desapareció», escribió en redes el grupo.

La base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa que en Sonora se han cometido 222 feminicidios en el periodo del 28 de noviembre de 2013 a mayo de 2021.

Más de dos centenas de muertes violentas contra mujeres por su condición de género, desde que se aprobaron las adiciones al artículo 263 Bis I, Bis II y Bis III, que entraron en vigor mediante del Decreto 64.

El recuento arroja que durante 2014 se registraron 17 feminicidios. En 2015, el número de víctimas fue 24. Ya en 2016, la cifra de feminicidios ascendió a 30. Un año después, en 2017, fueron 32 las víctimas. El 2018 se contabilizaron 31.

En 2019, el año más violento contra las mujeres desde que se tiene registro, el número de estas ejecuciones fue de 37.

Para el 2020 se estableció en 31 la cantidad mortal y en este 2021, hasta el mes de mayo, la cuenta va en 20.

Son 222, y en promedio, se han cometido 34.5 feminicidios por año, 2.8 por mes, lo que significaría una ejecución femenina cada 10 días.

Apenas el pasado domingo 16, la fiscal sonorense, Claudia Indira Contreras Córdova, justo después de resolver otro feminicidio (el de la quinceañera Leicy Celina) presumía que en cárcel había 151 feminicidas.

“El agresor de Leicy Celina es el feminicida número 151 en el que la fiscalía de Sonora logra sentencia condenatoria desde que se tipificó el delito en nuestra entidad», expresó.

Si se toman por ciertas las declaraciones de la fiscal, se puede advertir que hay otros 71 feminicidas libres por las calles de la entidad y es posible deducir que la fiscalía sonorense presenta una efectividad del 68% en detención de estos asesinos.

Fuente: Proceso

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia,

secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los

reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el

temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única

reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando

cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta

rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o

desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando

todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos

hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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