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Argentina procede extradición de Carlos Ahumada solicitada por FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), solicitó al Gobierno de Argentina la extradición del empresario Carlos Agustín Ahumada Kurtz.

Oficialmente, de manera conjunta las fiscalía informaron que el empresario, al que identificaron como “Carlos Agustín ’N’”, está acusado por la posible comisión del delito del fraude genérico del fuero común, con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad, donde se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente por parte de un juzgado penal de la propia ciudad.

“Con esta fecha, en la ciudad de Buenos Aires el Juzgado Nacional en lo Criminal número 9 declaró procedente la Solicitud de Extradición de dicho individuo y ordenó realizar la entrega del requerido”, señalaron las fiscalías.

Sin embargo, el empresario argentino aún tiene la posibilidad de impugnar el fallo, por lo que su entrega a las autoridades mexicanas no será inmediata y aún podría revertir el fallo, de acuerdo con funcionarios mexicanos.

La FGR indicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República, que por los conductos diplomáticos se presentara la petición referida.

La documentación solicitada por la Dirección de Extradiciones de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, para gestionar el procedimiento de extradición de conformidad con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Argentina, fue presentada en junio de 2020.

Fue en julio de ese año en que la FGR solicitó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la petición formal de extradición para que por los conductos diplomáticos fuera remitida al gobierno de la República de Argentina.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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