Conecta con nosotros

México

Arma fiesta en Acapulco la diputada que propuso cárcel por omitir recomendaciones sanitarias

La diputada del Partido Encuentro Social (PES) Nora Merino Escamilla, que en abril pasado propuso una reforma para castigar hasta con 15 años de cárcel a quien propague el coronavirus, reconoció que en días pasados rompió el confinamiento para irse de fiesta a Acapulco, Guerrero.

A través de su cuenta en Twitter, la legisladora local publicó un mensaje en el que pide disculpas “por ser un mal ejemplo”, luego de que en las redes sociales se divulgaron videos de la fiesta con sus amigas.

“Quiero reconocer que cometí un error al haber acudido al puerto de Acapulco, Guerrero, en días pasados, por lo que ofrezco disculpas a todas y todos quienes se sintieron ofendidos. Mi obligación como representante popular es ser un ejemplo y tengo claro que no lo fui”, admitió.

No obstante, aseguró que antes de viajar con sus “amigas cercanas” tomaron las medidas y se practicaron la prueba de covid-19, además de que –recalcó– Acapulco está en semáforo naranja.

En abril pasado, Merino Escamilla, junto con el líder del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, presentaron una iniciativa para reformar el artículo 213 del Código Penal del Estado de Puebla para establecer una pena de 10 a 15 años de cárcel y multa de 100 a 300 días de salario a quien “pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona”.

Dice la iniciativa: “Se aumentará la pena hasta en una mitad, cuando el delito se consumase por omisión de recomendaciones de autoridades sanitarias nacionales u organismos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

En el video donde pide disculpas, Merino Escamilla ofrece que liderará la campaña que impulsan los gobiernos federal y estatal para la prevención y erradicación del covid-19.

También en redes sociales, el líder de la fracción de Morena, el diputado Biestro Medinilla, salió en defensa de la legisladora y aseguró que “no es ningún pecado ni ningún delito” divertirse de manera privada.

Afirmó que la divulgación de los videos es un “ataque dirigido” y que dentro de unos días daría a conocer a los responsables.

“A los (y las) que orquestaron todo, que la intentaron exponer como si fuera lo peor, les recomiendo el libro “Las buenas conciencias” de Carlos Fuentes”, escribió en su cuenta Twitter.

Puebla aún sigue en semáforo rojo, sin embargo, este viernes se iniciará la reapertura paulatina de negocios que cuenten con espacios abiertos.

https://www.facebook.com/watch/?v=599695677400976

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto