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Resto del mundo

Arrestan a gobernador de Río de Janeiro por acusaciones de corrupción

El gobernador del estado de Río de Janeiro fue arrestado este jueves por acusaciones de que había participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero, dijeron fiscales federales, en el último golpe a la élite política de Brasil por la pesquisa anticorrupción «Lava Jato».

Luiz Fernando Pezao fue detenido junto a otras ocho personas como parte de esta investigación, que ha llevado a la condena de decenas de políticos y empresarios de alto nivel por un extendido esquema de corrupción.

Ni el gobierno del estado de Río de Janeiro ni portavoces del gobernador respondieron de inmediato a solicitudes para emitir comentarios.

Los fiscales alegan que Pezao formó parte de una organización criminal entre 2007 y 2014, cuando se desempeñó como secretario de Obras Públicas y vicegobernador del exgobernador Sergio Cabral, quien fue condenado y encarcelado por el esquema.
Cabral lideró el plan, que recibió millonarios sobornos de empresas constructoras a cambio de contratos de infraestructura, incluido uno ligado a la Copa del Mundo de Brasil de 2014. Los fiscales alegan que Pezao recibió dinero de cofres públicos a cambio de dar respaldo político a miembros de la organización criminal.

El dinero que recibió fue posteriormente blanqueado, dijeron los fiscales en un comunicado. Pezao recibió unos 25 millones de reales, equivalentes actualmente a unos 39 millones de reales, 6.49 millones de dólares, de 2007 a 2015, que pueden ser confiscados por las autoridades.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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