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Arrestan a hombre disfrazado de Joker; lo acusan de terrorismo

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Las autoridades acusaron de terrorismo a un residente de los suburbios de San Luis por colocar amenazas de poner bombas y matar gente en un concurrido barrio de diversiones mientras estaba disfrazado de Guasón, el villano de Batman.

Jeremy Garnier, de 48 años, fue acusado de efectuar una amenaza terrorista. Un juez ordenó su encarcelamiento sin derecho a fianza y documentos de la corte observaron que constituía un «peligro para la comunidad».

Los documentos no mencionaron un abogado que hablara en su nombre.

El acta de acusación no indica que tenía explosivos o arma alguna en su poder.

La policía acudió el lunes por la noche al restaurante y club musical Blueberry Hill del barrio Delmar Loop en University City tras recibir una denuncia de que había un hombre armado, según el acta. Ésta añade que Garnier efectuó amenazas estando disfrazado de Guasón.

Un livestream de casi una hora, publicado en la página de Facebook a nombre de Jeremy Joseph Garnier, muestra a un hombre maquillado y vestido como el Guasón, hablando a la cámara mientras se viste en un dormitorio. Luego se lo ve manejando un auto, fumando en pipa, en dirección al centro comercial St. Louis Galleria de Richmond Heights, donde agentes de seguridad le piden que se vaya. En el video se le escucha decir que pondrá fin a la epidemia de opioides, luego entra a un local donde pide una gaseosa y dice: «No puedo estar en estado de ebriedad cuando estoy planeando, saben, matar a un montón de gente».

Minutos después, esposan al hombre mientras sigue el livestream.

El disfraz de Guasón recuerda un incidente en 2012 en Aurora, Colorado, donde un hombre mató a tiros a 12 personas e hirió a varias decenas en un cine donde se exhibía la película de Batman «The Dark Knight Rises». El autor de los disparos, James Holmes, fue condenado a prisión perpetua ya que el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre la pena capital.

Garnier tiene ocho condenas por robo desde 1990.

Fuente: Excelsior

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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