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México

Arrestan al Dr. Vicente Grajales tras muerte de paciente con Covid-19; gremio médico protesta

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Al menos 15 federaciones, colegios y academias de médicos cirujanos del país protestaron por el arresto del urgenciólogo chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca tras la muerte de un paciente por coronavirus 2019 y para quien el hospital donde se le atendía no tenía medicamentos.

Las federaciones de médicos reclamaron que han denunciado la carencia de insumos y ahora tienen que enfrentar ser acusados por la muerte de sus pacientes derivado de la falta de esos mismos productos.

“Es paradójico que mientras nos debatimos para cuidar de la mejor manera posible la salud y la vida de las personas, asumiendo nuestro propio riesgo y sin escatimar esfuerzos, al mismo tiempo seamos culpados por nuestra población por la carencia en el sector Salud”, advierten las federaciones de médicos.

El documento lo firmaron los presidentes de asociaciones y federaciones de cirugía general, medicina crítica, medicina interna, anestesiólogos, infectología, medicina de emergencias, de urgencias y desastres, obstetricia y ginecología, pediatría, terapia intensiva, especialistas y residentes de medicina familiar, de cirugía plástica y de ortopedia y traumatología.

Demandaron que se detenga la persecución y hostigamiento contra el personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla contra el Covid-19.

“A todo ello, debemos sumar la preocupación de ser imputados por la justicia por atender a la gente en estas condiciones, habiendo reclamado deficiencias hasta el hartazgo sin haber sido escuchados”, señalan.

Ayer, la Fiscalía General de Chiapas dio a conocer el boletín de prensa 10551 en el que informó que aprehendió al médico, acusado de abuso de autoridad.

El urgenciólogo trabajaba en el área Covid-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech). La Fiscalía publicó una fotografía del médico con la leyenda “cero impuidad”, y señaló que la detención se dio “en el marco del combate frontal a los actos de corrupción”.

Grajales Yuca había solicitado a los familiares de su paciente la adquisición de medicamentos e insumos para atenderlo porque en el hospital no había.

Desde el inicio de la pandemia ha habido protestas en todo el país de quienes demandan que no hay insumos suficientes para atender a los pacientes Covid y que tanto médicos como personal de salud tienen que sufragar con sus propios recursos su equipo de protección personal.

El documento firmado por las federaciones y colegios de médicos cirujanos califica la aprehensión del doctor Grajales Yuca como “violenta, abusiva e ilegal”, y señala que ha habido hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento en contra de los médicos, a quienes se criminaliza sin investigación previa.

“No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo con que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente”, indican.

“En este caso particular, el que el médico solicitó al familiar de un paciente determinado medicamento que no se tenía a disposición de forma rápida no lo hace incurrir en delito, puesto que salvar una vida es parte de la esencia del médico”.

Este viernes, integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud, sindicato disidente al Nacional de Trabajadores de la Salud, harán un mitin frente a Palacio Nacional para pedir la liberación del médico.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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