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México

Arrestan al Dr. Vicente Grajales tras muerte de paciente con Covid-19; gremio médico protesta

Al menos 15 federaciones, colegios y academias de médicos cirujanos del país protestaron por el arresto del urgenciólogo chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca tras la muerte de un paciente por coronavirus 2019 y para quien el hospital donde se le atendía no tenía medicamentos.

Las federaciones de médicos reclamaron que han denunciado la carencia de insumos y ahora tienen que enfrentar ser acusados por la muerte de sus pacientes derivado de la falta de esos mismos productos.

“Es paradójico que mientras nos debatimos para cuidar de la mejor manera posible la salud y la vida de las personas, asumiendo nuestro propio riesgo y sin escatimar esfuerzos, al mismo tiempo seamos culpados por nuestra población por la carencia en el sector Salud”, advierten las federaciones de médicos.

El documento lo firmaron los presidentes de asociaciones y federaciones de cirugía general, medicina crítica, medicina interna, anestesiólogos, infectología, medicina de emergencias, de urgencias y desastres, obstetricia y ginecología, pediatría, terapia intensiva, especialistas y residentes de medicina familiar, de cirugía plástica y de ortopedia y traumatología.

Demandaron que se detenga la persecución y hostigamiento contra el personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla contra el Covid-19.

“A todo ello, debemos sumar la preocupación de ser imputados por la justicia por atender a la gente en estas condiciones, habiendo reclamado deficiencias hasta el hartazgo sin haber sido escuchados”, señalan.

Ayer, la Fiscalía General de Chiapas dio a conocer el boletín de prensa 10551 en el que informó que aprehendió al médico, acusado de abuso de autoridad.

El urgenciólogo trabajaba en el área Covid-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech). La Fiscalía publicó una fotografía del médico con la leyenda “cero impuidad”, y señaló que la detención se dio “en el marco del combate frontal a los actos de corrupción”.

Grajales Yuca había solicitado a los familiares de su paciente la adquisición de medicamentos e insumos para atenderlo porque en el hospital no había.

Desde el inicio de la pandemia ha habido protestas en todo el país de quienes demandan que no hay insumos suficientes para atender a los pacientes Covid y que tanto médicos como personal de salud tienen que sufragar con sus propios recursos su equipo de protección personal.

El documento firmado por las federaciones y colegios de médicos cirujanos califica la aprehensión del doctor Grajales Yuca como “violenta, abusiva e ilegal”, y señala que ha habido hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento en contra de los médicos, a quienes se criminaliza sin investigación previa.

“No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo con que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente”, indican.

“En este caso particular, el que el médico solicitó al familiar de un paciente determinado medicamento que no se tenía a disposición de forma rápida no lo hace incurrir en delito, puesto que salvar una vida es parte de la esencia del médico”.

Este viernes, integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud, sindicato disidente al Nacional de Trabajadores de la Salud, harán un mitin frente a Palacio Nacional para pedir la liberación del médico.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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