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Arrestan asesino serial gracias a banco de ADN público

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El arresto del asesino serial del «Golden State» gracias a los bancos de ADN de un sitio de genealogía suma otra dimensión al desafío de la protección de datos personales.

Joseph James DeAngelo es un ex-policía de 72 años, sospechoso de ser el autor de 12 asesinatos y al menos 50 violaciones en las décadas de 1970 y 1980 en California. Fue identificado por las coincidencias encontradas entre su perfil genético y el de un miembro lejano de su familia, registrado en un banco de datos de la firma GEDmatch, de acceso público.

Los criminólogos usan ya «big data», el abanico de informaciones personales, para tratar de pronosticar quién es estadísticamente proclive a cometer delitos. Con el consiguiente riesgo de hacer perfiles con base racial o socioeconómica.

«El ADN se inscribe en el vasto problema de saber cómo categorizamos a la gente en el siglo XXI», dijo el profesor Joseph Turow de la facultad Annenberg de Comunicación de la universidad de Pensilvania. Según el académico, la genética es solamente una parte de las preocupaciones ligadas a la biométrica. «El rostro, la voz, los genes, las partes del cuerpo son cada vez más usadas como identificadores».

Luego de la estadística, la segmentación, la selección, los perfiles psicodemográficos, ahora se usa la detección personalizada para pronosticar comportamientos, señala el experto, que destaca el riesgo de discriminación. Positiva cuando se trata de obtener una rebaja o un tratamiento VIP según los hábitos de consumo, o negativa (sobretasas, negativa de servicio) cuando se considera que el perfil es el de un mal cliente.

«Que pasará si un test de ADN hace de uno alguien no-asegurable?», los familiares más próximos o miembros lejanos de su familia podrán tener problemas para contratar un seguro u obtener un trabajo, cuestiona Turow.

«No se puede separar los datos de marketing de los datos gubernamentales», advierte.

Todas las informaciones en internet son vulnerables, con frecuencia obtenidas de manera ilegal o disimulada, como lo demostraron los numerosos robos informáticos a gigantes bancarios o de grupos de distribución, los escándalos de utilización de datos de Facebook o Google por la Agencia de seguridad nacional (NSA) estadounidense y Cambridge Analytica.

El sitio de contactos para homosexuales Grinder difundió así información sobre VIH de sus miembros sin el consentimiento de éstos.

Por su parte, los motores de búsqueda como Google o Yahoo! registran nuestras búsquedas en internet, nuestros emails. Las redes sociales como Facebook censan todas nuestras relaciones, nuestras fotos y los celulares almacenan nuestros mensajes, nos geolocalizan y nos escuchan gracias a herramientas de control auditivo.

«Si usted usa su teléfono como GPS (…), éste registra su manera de conducir. Supongamos que ocurra un accidente, ¿quién posee esos datos, la policía puede pedirlos? ¿El borracho que lo chocó puede usarlos en su contra, diciendo que usted conducía siempre demasiado rápido?», señala Ken Birman, profesor de informática de la Universidad de Cornell.

«Es tiempo de poner la protección de la vida privada de los consumidores antes que la avidez de las empresas», afirma Michael Copps, ex-miembro de la Comisión federal de comunicaciones (FCC), en una nota publicada en USA Today.

«Las empresas deberían dar información clara sobre qué datos recogen y cómo serán utilizados», agrega.

El experto exhorta al Congreso estadounidense a inspirarse en la nueva reglamentación europea: los sitios de internet no pueden enterrar en una nota ininteligible al pie de página el uso que hacen de los datos de los usuarios y éstos deben poder retirar su consentimiento «tan fácilmente como lo dieron», bajo pena de multas disuasivas.

Pero Turow es escéptico: los gigantes informáticos harán todo lo posible para evadir los condicionamientos, mientras que una mayoría de los estadounidenses «se resigna a brindar sus datos».

Cada vez más, será necesario que cada uno «elija su veneno» entre «Google, Amazon o Facebook», concluye fatalista.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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